Así lo ha manifestado en comisión parlamentaria, donde ha comparecido a petición de I-E para presentar el informe elaborado sobre la «operación urbanística de Salesianos».

Una actuación con la que el anterior Ejecutivo pretendía trasladar el centro educativo desde su actual ubicación a un emplazamiento «más adecuado para ampliar su oferta educativa».

Según ha explicado Olaechea, el solar donde estaba ubicado el centro tenía que ser adquirido por la sociedad pública Nasuvinsa y después de la reordenación urbana procedería a vender las parcelas para financiar el traslado del colegio.

De forma provisional, porque todavía quedan dos parcelas sin vender, la congregación habría recibido con esta operación un total de 33 millones de euros y la plusvalía que le quedaría a Nasuvinsa sería de 4,26 millones.

A juicio de Comptos, esta es una operación «condicionada a la venta de parcelas y al compromiso de un precio mínimo a pagar a la congregación». «Es una operación urbanística diseñada para financiar el traslado y construcción de un centro docente, exceptuando la reserva de vivienda protegida y asumiendo la Administración pública un elevado riesgo», ha advertido.

En este sentido, ha considerado que «es de interés general el apoyo a centros educativos pero siempre que se realice en igualdad de oportunidades para todos los centros docentes y siempre que no condicione otras actuaciones de interés general, como ha sido en este caso la eliminación de reserva en materia de vivienda protegida».

Por ello, ha recomendado «que todas las intervenciones públicas de apoyo a actuaciones de interés general se hagan pero no condicionen la ejecución de otras de interés general» y ha emplazado a evitar asumir riesgos para el sector público.

En nombre de I-E, Marisa de Simón ha denunciado que esta operación no tiene «nada que ver con el interés público» y que es «el claro ejemplo de lo que no se debe hacer». Tras lamentar que el entonces Gobierno de Nafarroa de UPN actuó «como especulador», ha considerado que este era «un riesgo que no se debía haber asumido».

Por UPN, Luis Zarraluqui, que ha recordado que cuando se vendan las dos parcelas pendientes Nasuvinsa obtendrá plusvalías por valor de 12,2 millones de euros, y ha añadido que «todas las operaciones tienen riesgo». Tras subrayar que se está tratando de «sacar petróleo de un pozo que está más que seco», ha defendido que esta es una operación «de interés general» y un «acierto». «Lo volvería a hacer así si tuviera que hacerlo, con Nasuvinsa por medio», ha zanjado.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha querido poner en valor la actuación del actual Ejecutivo, que además de «reconducir una operación mal pergeñada desde su origen» y «rescatar en cierta medida el interés público irrenunciable», ha «minimizado el riesgo hasta donde la seguridad jurídica lo permitió, haciéndolo prácticamente inexistente».

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha lamentado que las cosas se han hecho «mal» tanto en la legislatura pasada como en la actual porque la actuación no era «irreversible» y ha criticado el «urbanismo a la carta» del proyecto. «Si esto no es un pelotazo, que venga Dios y lo vea», ha aseverado.

Mikel Buil, integrante de Podemos-Orain Bai, ha trasladado que la formación morada era partidaria de paralizar la operación aunque hubo de realizarse «a pesar de no haber consenso político dentro del cuatripartito».

Ainhoa Unzu, PSN, ha reconocido que esta actuación fue «arriesgada» pero que «los resultados no han sido nada negativos para las arcas forales», y Javier García, PP, ha considerado que este ha sido un «fracaso» del cuatripartito de intentar «sacar unos trapos sucios que no están sucios sino más que limpios» porque la operación es «totalmente legal».