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El TS confirma que los servicios del hospital de Urduliz se deben prestar con personal propio

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir el recurso de casación presentado por Osakidetza contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la CAV que anulaba los pliegos de contratación para la externalización de los servicios de cocina, limpieza y lavandería del Hospital vizcaíno de Urduliz, de manera que «deberán ser desempeñados por el personal propio».

Hall del hospital de Urduliz. (Marisol RAMÍREZ/FOKU)
Hall del hospital de Urduliz. (Marisol RAMÍREZ/FOKU)

En un comunicado, CCOO de la CAV se ha felicitado por esta decisión ya que «se hace valer los acuerdos firmados» y ha instado a la nueva dirección de Osakidetza a «retomar la vía de la negociación y a cumplir con los acuerdos alcanzados en los diferentes ámbitos de negociación».

Según ha recordado, el Departamento de Salud de Lakua, dirigido por el entonces el consejero Jon Darpón, optó por sacar a concurso los servicios de cocina, limpieza y lavandería del hospital de Urduliz, que fue inaugurado en 2016. Esta decisión, ha denunciado, «incumplía lo acordado en la Mesa General de Función Pública vasca de 2010, donde se había acordado no externalizar ninguna nueva actividad", algo que "reconoció también el Organo Administrativo de Recurso Contractuales de Euskadi».

El TSJPV anuló en junio de 2018 los pliegos de contratación para la externalización de estos servicios, según ha explicado CCOO, «amparándose, entre otros motivos, en el acuerdo de Mesa General de 2010 y en el de Condiciones de Trabajo de Osakidetza», firmados ambos por el sindicato.

La decisión del tribunal fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que no ha admitido el recurso, «de manera que estos servicios deberán ser desempeñados por el personal propio de Osakidetza, cerrando la vía a la privatización», ha destacado la central que dirige Loli García.

El sindicato ha precisado que, en la providencia emitida por el Supremo, alega la «falta de fundamentación adecuada y suficiente» de Osakidetza, además de reconocer que en este caso «está en juego el interés general». Además, obliga a la Administración a pagar las costas del proceso.