Garbiñe Aranburu subrayó ayer que «quien no apuesta por otra política fiscal promueve la perpetuación de las políticas neoliberales». La secretaria general de LAB hizo estas declaraciones en una rueda de prensa, en Donostia, en la que, junto a la responsable de organización de Acción Social, Edurne Larrañaga, presentaron los resultados de un informe sobre fiscalidad elaborado por el sindicato, que recoge su aportación para una «reforma fiscal redistributiva».

En el actual contexto electoral, LAB ha dado a conocer sus propuestas en esta materia que, como resumió la agencia Efe, apuestan por incrementar la presión fiscal para acercarla a los estándares europeos de forma que «el aumento de la carga impositiva recaiga sobre las grandes empresas, las rentas más elevadas y los grandes patrimonios».

«Corregir la tendencia a desplazar el peso de la recaudación hacia los impuestos indirectos, especialmente el IVA, que, a pesar de su aparente neutralidad fiscal, supone un mayor esfuerzo para las personas con menos ingresos», o «recuperar el principio de equidad en el IRPF para que todas las rentas reciban el mismo tratamiento fiscal» son algunas de esas medidas.

La precariedad es evitable

La central abertzale apuesta por «reforzar la progresividad del IRPF aumentando el número de tramos y los tipos impositivos aplicados a las rentas más elevadas», «revertir las rebajas de los tipos de gravamen del impuesto de sociedades» y «suprimir las deducciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales que no cumplen los objetivos con los que supuestamente se conceden a las empresas».

Aboga también por «blindar la imposición fiscal sobre la riqueza frente a las presiones para eliminar o debilitar aquellas figuras impositivas que gravan la acumulación y trasmisión de grandes patrimonios», así como por «revisar el impuesto sobre patrimonio y someter a tributación todos los bienes acumulados, incluidas las participaciones en empresas».

Indicó Aranburu que «la precariedad, la pobreza y la exclusión social, que afectan especialmente a las mujeres, se pueden evitar haciendo una apuesta por un reparto más justo de la riqueza», y aseguró que «la política fiscal puede ser un instrumento para ello».

Mirando a la cita con las urnas de este domingo, comentó que el modelo fiscal que defiende una formación política es «reflejo del modelo de sociedad que defiende». «Quien no haga una apuesta por otro tipo de política fiscal promueve la perpetuación de políticas neoliberales, promueve la perpetuación de la precariedad, la pobreza y la exclusión social», advirtió. «De hecho –añadió–, promueve perpetuar un modelo económico y social que da la espalda a la mayoría social, a favor del modelo diseñado a la medida de la patronal». Señaló que las trabajadoras y los trabajadores tienen que saber que es «imposible mejorar la vida de las personas sin cambiar la política fiscal».

Entre las medidas propuestas por LAB figura también «prohibir todo tipo de relación comercial con sociedades establecidas en paraísos fiscales» y «redoblar los recursos dedicados a la persecución del fraude fiscal».

El «sistema tributario propio» se queda muy corto

Como se recoge en el documento “La fiscalidad en Hego Euskal Herria. Análisis de la situación y propuestas”, «el discurso oficial hace uso y abuso de la expresión ‘sistema tributario propio’ para referirse a las competencias fiscales reconocidas a las instituciones forales en base al Concierto y al Convenio Económico». LAB considera que esa expresión «transmite una imagen falsa y alegada de la realidad» respecto a la capacidad tributaria real de las instituciones de los cuatro herrialdes del sur.

En primer lugar, recuerda que el Estado español tiene competencias exclusivas en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. Y las contribuciones sociales suponen el 35,2% de la presión fiscal total. En cuanto a los tributos concertados, que son cerca del 61,4% del total de ingresos fiscales, subraya que las haciendas forales solo tienen amplia capacidad normativa sobre los impuestos directos (estos suponen un 28% del total). El otro 3,4% corresponde a los impuestos municipales. GARA