Representantes de las 14 fundaciones bancarias que existen en el Estado español se reunieron ayer en Bilbo para hacer balance del lustro de la entrada en vigor de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias de 2013, que impusieron la Troika y el FMI a un sistema financiero intervenido. La palabra «éxito» fue repetida por parte de los ponentes al hacer balance de la transformación forzada por Bruselas, mirando al caso de Italia, con 30 años de experiencia.

Xabier Sagredo, como presidente de BBK, defendió en esta sesión inaugural una menor dependencia del negocio bancario (posee el 57% del accionariado de Kutxabank) y la diversificación de las participaciones industriales para asegurar el futuro de la obra social. Citó la transcendencia del fondo de estabilización «que hace posible que la dependencia de la inversión como fuente de financiación sea cada vez menor y nos permita tener amplia autonomía para mantener la sostenibilidad de nuestras obras sociales y, por tanto, de las propias fundaciones».

Ese fondo, insistió, garantiza la actividad de la fundación «por un periodo de al menos tres años, y nuestra vocación es depender cada vez menos del negocio bancario a través de la diversificación». Sagredo, que lleva más de un año preparando una reestructuración de BBK que presentará a corto plazo, reconoció que el proceso de transformación continúa.

Más tarde, en uno de los paneles en los que se permitió la presencia de los medios de comunicación, Javier Aldazabal, director del Área Jurídica de BBK, confesó que la decisión de no salir a bolsa había sido «difícil», al obligar a la fundación a dotarse de un fondo de reserva de 235 millones de euros, que deberá completar para 2024 gracias a la sintonía que mantuvo el PNV con Luis de Guindos, ministro de Economía con Rajoy. «Un esfuerzo importantísimo por haber nadado contracorriente a todo este movimiento y seguir siendo exactamente lo mismo, seguir siendo lo que la BBK ha sido siempre», añadió el secretario general del Patronato.

Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda, participó en 2013 como diputado jeltzale en la ponencia que redactó la ley, que supuso un «cambio sustancial» para las antiguas cajas de ahorro obligadas a convertirse en fundaciones.«La avaricia, falta de profesionalidad, excesos salariales y otros abusos económicos de los responsables de muchas cajas explican gran parte del fin de las cajas de ahorros», manifestó.

Ese diagnóstico, precisó, no era extensible a BBK, Kutxa y Vital, que cumplían los test de solvencia. «Sin embargo, la ola de la Troika nos alcanzó y, si me permiten la expresión, les diré que salvamos, aunque fuera in extremis, los muebles con la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias», comentó Azpiazu, que agradeció la labor al ministro De Guindos. Cinco años después, Azpiazu estima que pueden estar orgullosos del «modo de gestión» de las propietarias de Kutxabank.

Después, Aldazabal afirmó que el modelo anterior a 2013 «no era malo». Con la ley, sostuvo, «se da el paso de fundación-empresa a ser fundaciones que tiene una empresa, con lo cual quien realiza los fines de interés general ya no es la fundación-empresa a través de su actividad ordinaria, sino que volvemos a la idea inicial en la que la fundación tiene una empresa que genera recursos, y la empresa se tiene que gestionar como una empresa, con criterios totalmente ajenos a los fines de interés general».

Marc Simón, subdirector general de la Fundación Bancaria La Caixa, defendió que algunas antiguas cajas igual no necesitaban tanta intervención. «Habíamos demostrado ser capaces de sobrevivir a los test de estrés» por una gestión «muy profesional» del negocio bancario.

De la misma opinión es Antonio Romero, director corporativo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), quien aseguró que «el modelo no se tenía que cambiar obligatoriamente, podría haber sobrevivido». Lo cierto es que no hubo opción, lo que le llevó a manifestar que «el modelo que diseñamos hace cinco años, junto con instituciones internacionales llenas de prejuicios hacia el sistema financiero español y con cierta incertidumbre, ha sido un éxito». Desde diciembre de 2013 a la actualidad, la obra social de las fundaciones ha pasado de 710 a 810 millones de euros, lo que supone un incremento del 20%.

«No estamos en aquellos números de miles de millones; el máximo fueron 2.000 en el momento cumbre del ciclo económico, pero eso no era real ni sostenible», precisó Romero.

Ganar en reputación

Román Escolano, el tercer ministro más breve de la democracia española y exvicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, expuso que entre los retos está el de ganar en reputación. «La imagen pública que ha quedado de algunas entidades es, en algunos casos, mejorable», opinó, mencionando el «excesivo nivel de desconocimiento» que tiene la ciudadanía sobre las fundaciones bancarias.

Ese dato extraído de una encuesta, por cierto, preocupa al presidente de BBK tras las repetidas críticas por la opacidad en la gestión de esta entidad.

Escolano afirmó que otro objetivo es el de mejorar la rentabilidad, meta complicada «con tipos de interés bajos y fuertes exigencias de solvencia, que muestran un escenario complicado para el modelo de negocio bancario, que se enfrenta a una rentabilidad que apenas alcanza al coste de capital en algunos casos». «Llevamos un año con expectativas de subida de tipos en Europa pero las dudas sobre la eurozona no desaparecen y el BCE sigue percibiendo síntomas de debilidad en la economía europea, a lo que tenemos que añadir las tensiones en torno a Trump y el Brexit», advirtió.

Un tercer reto es la digitalización del sistema financiero, que obliga a una importante inversión, especialmente en lo que se refiere a la ciberseguridad. Escolano señaló que en 2020 el sector gastará a nivel mundial 665.000 millones de dólares en proyectos de seguridad electrónica, lo que presionará los márgenes de beneficio.