Los 16 acusados se enfrentan a posibles penas de cadena perpetua por «intentar derribar al Gobierno» mediante la organización y financiación de las revueltas de Gezi. Esas manifestaciones, que comenzaron en mayo de 2013 como un movimiento pacífico ecologista para evitar que el Parque Taksim Gezi de Estambul se convirtiera en un centro comercial, se transformaron después, en reacción a una violenta represión policial, en un amplio movimiento antigubernamental que se extendió por todo el país.

Entre los acusados está el empresario y filántropo Osman Kavala, conocido por su activismo en la sociedad civil, quien se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017; y Yigit Aksakoglu, un profesor y activista encarcelado desde hace siete meses.

El resto de los inculpados se encuentra en libertad a la espera de juicio, dos de ellos en el exilio, como el periodista Can Dündar, condenado en 2016 a cinco años de prisión por «revelar secretos de Estado» a raíz de un reportaje sobre el envío turco de armas a Siria publicado por Cumhurriyet, el diario que dirigía entonces.

Varias ONG defensoras de los derechos humanos han criticado la acusación por contener pruebas que no constituyen motivos razonables para la incriminación. «El fiscal no ha presentado absolutamente ninguna evidencia creíble de ninguna actividad criminal en las cientos de llamadas telefónicas interceptadas, informes financieros y registros de viajes», ha señalado recientemente la ONG Human Rights Watch (HRW) en un comunicado.

«Una revisión de la acusación muestra que el propósito real del juicio de Gezi es silenciar y castigar a los acusados por sus actividades y trabajos cívicos legítimos y pacíficos», ha declarado en un comunicado Hugh Williamson, director de HRW en Europa y Asia Central.

El juicio, a cargo del Tribunal Penal Superior de Estambul, se celebra en una sala de la prisión estambulí de Silivri, donde permanecen en prisión preventiva Osman Kavala y Yigit Aksakoglu.