La Subprefectura no ha confirmado el desplazamiento, aunque es habitual que, en estos casos, por motivos de seguridad, no se anuncien las agendas hasta última hora.

Ha sido el rotativo "Sud-Ouest" el que ha dado cuenta de esa visita, sin citar los lugares exactos por los que discurriría la misma.

En todo caso, el desplazamiento de Castaner y Nuñez incluiría, según esta fuente, reuniones con electos locales y representantes del Estado, y previsiblemente con los responsables de los dispositivos de seguridad previstos cara a la cumbre que se celebrará en Biarriz entre el 24 y el 26 de agosto.

En la agenda pública oficial del ministro de Interior no figura tampoco esa visita que, de confirmarse finalmente, se produciría pocos días después que el fiscal de Baiona, Samuel Vuelta-Simon, anunciara un importante refuerzo de los servicios de tribunales pero también de la Policía judicial con motivo del G7.

Actos en contra

La nebulosa es mayor con respecto a la contracumbre, que en principio desarrollará sus actos entre Irun y Hendaia.

A falta de concreciones sobre el lugar del encuentro, previsto inicialmente en Ficoba-Irun, en el caso de las reuniones, y en una antigua colonia de vacaciones, en Urruña, para el hospedaje de los asistentes, en las últimas horas se han propagado por redes sociales llamamientos, en distintos idiomas, en nombre de un colectivo autodenomizado G7 Blokatu que llama a realizar acciones de desobediencias masivas y de bloqueo en los accesos a Biarritz.

«Nuestro objetivo será perturbar el buen desarrollo del G7 a través de acciones masivas de desobediencia civil obstaculizando o bloqueando la circulación de bienes y de personas que participan en la cumbre. Estas acciones las llevaremos a cabo de manera que reflejen nuestra naturaleza: acciones solidarias, creativas y participativas», han indicado.

«Nuestras únicas armas serán nuestros cuerpos, nuestras convicciones, nuestra determinación y la solidaridad a la hora de desarrollar las acciones. Hacemos un llamamiento a desobedecer a las medidas de seguridad impuestas por el gobierno que decretan de facto el estado de sitio y no-derecho en nuestro territorio», se añade en la nota.