La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se declaró competente el pasado mes de febrero para juzgar estos hechos.

Las defensas de Puig y Soler pidieron trasladar la causa a Catalunya, alegando que los delitos de «rebelión» y «sedición» no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional. El tribunal respondió entonces que sus atribuciones no quedan limitadas a los delitos cometidos grupos armados.

La Fiscalía pide para el que fuera jefe de la policía catalana 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación absoluta, los mismos que para el exsecretario general de la Consellería de Interior catalana César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler.

A todos ellos se les considera «mandos subalternos» por su supuesta responsabilidad en los incidentes durante la celebración del referéndum del 1 de octubre. En el caso de Teresa Laplana, el fiscal solicita 4 años de prisión por un delito de «sedición» en relación a los hechos ocurridos la noche entre el 20 y 21 de setiembre.