Caracas ha respondido con críticas de «parcial» y repleto de «errores metodológicos» el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos, Michelle Bachelet, avanzado ayer pero presentado hoy en Ginebra, que, según el Ejecutivo de Nicolás Maduro, «no refleja la realidad de lo que vio en el país».

En su informe, Bachelet denuncia la «erosión del estado de derecho» en Venezuela y advierte, una vez más, de que las sanciones internacionales agravan la crisis en el país.

Además, menciona la ejecución extrajudicial de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad y afirma que el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, comporta en el país «un riesgo de represalias y de represión».

«Las principales instituciones y el estado de derecho en Venezuela han sido erosionados», ha señalado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio.

Aún siendo crítica con Caracas, la Alta Comisionada ha estimado, sin embargo, que se tiene que «dar una oportunidad» al Gobierno para poder hacer reformas, sin fijar una «fecha límite».

Ha destacado un «nuevo compromiso» de Caracas después de la liberación de 62 detenidos hace unos días tras su visita y de otros 22 ayer.

El Ejecutivo también ha aceptado la presencia de dos delegados de la ONU de derechos humanos y el envío de diez relatores especiales en los dos próximos años. Y se ha comprometido, además, a suministrar a la ONU un «acceso total a todos los centros de detención», ha indicado Bachelet.

Bachelet ha asegurado ante los medios que va a seguir cooperando con Caracas, pero ha advertido de que el «Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar los derechos humanos».

El informe ha sido inmediatamente denunciado por Caracas como un documento lleno de «errores», cuya correción ha exigido el viceministro de Relaciones Exteriores venezolano, William Castillo, presente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hoy.

El informe indica que desde 2018 cerca de 7.000 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente en casos supuestamente de «resistencia a la autoridad», según el Gobierno, durante operaciones de seguridad. Una cifra que Bachelet calificó de «extremadamente alta».

«Debilidades» del sistema judicial

En el documento, Bachelet pide a Caracas «disolver las FAES», un cuerpo policial de élite creado en 2017, y el establecimiento de un «mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad».

Ante el Consejo de Derechos Humanos, Castillo ha reconocido las «debilidades» del sistema judicial de Venezuela y que las fuerzas de seguridad han cometido «desviaciones puntuales».

Pero Caracas «rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana». Además, Castillo ha defendido la acción del Ejecutivo ante los «serios riesgos» para la seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como «planes de golpe de Estado» y amenazas de una «intervención militar extranjera» lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Bachelet ha reiterado que «las últimas sanciones económicas agravan aún» más la situación en Venezuela, «teniendo en cuenta que la mayoría de los ingresos en divisas del país provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense». «Los efectos de estas sanciones parecen afectar a la capacidad del Estado para suministrar servicios de salud de base a la población», ha insistido. La Alta Comisionada ha criticado más de una vez las sanciones y ha apuntado directamente a EEUU. 

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder opositor, Juan Guaidó, ha aplaudido el informe al señalar que «recoge ampliamente el sufrimiento» de los venezolanos y «valida claramente» sus denuncias de «persecución, tortura y asesinato de esta dictadura sanguinaria».