El 4,2% de las personas encarceladas en el Estado español padece un trastorno mental grave, según la información remitida por el Gobierno al Congreso, a petición del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Son en total 1.834 internos, a los que va dirigido el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM).

La información gubernamental detalla que de los presos con trastorno metal grave el 38,7% presenta patología dual, el 37,3% trastorno psicótico, el 29,7% trastorno de la personalidad, el 16,7% trastorno afectivo y el 12,4% otro tipo de trastorno. Explica que la suma de los porcentajes es superior a 100 porque algunos internos tienen más de un diagnóstico.

En las prisiones vascas hay 77 personas con trastornos mentales graves. Son 29 en Zaballa, 16 en Basauri, 4 en Martutene y 28 en Iruñea.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu preguntó también al Gobierno cuántos centros penitenciarios cuentan con áreas específicas en sus enfermerías, y el Ejecutivo responde que no existen salas específicas para albergar en exclusiva a los enfermos mentales. Pero asegura que «todas las enfermerías están preparadas para hacerse cargo de estos enfermos sin que tengan que estar segregados salvo que, como ocurre con cualquier otra patología, un juicio médico estime lo contrario»

La información remitida apunta que «alrededor del 16% de los internos con trastorno mental grave que están en el PAIEM residen preferentemente en las enfermerías de los centros penitenciarios, al persistir conductas de riesgo y disruptivas y síntomas positivos que interfieren significativamente con el funcionamiento diario». Mientras que el resto de presos con enfermedades mentales graves «están llevando vida normal preferentemente en los módulos, aunque precisando seguimiento y su participación en las actividades terapéuticas del PAIEM»

El Gobierno concluye que «los presos con enfermedades graves son convenientemente tratados tanto por los servicios médicos penitenciarios como por los servicios especializados de los hospitales de referencia».

En cuanto a la aplicación del artículo 196 del Reglamento Penitenciario que prevé la libertad condicional de enfermos terminales, el Gobierno sostiene que «es valorada cuando a juicio de los médicos de cada establecimiento este procedimiento ha de ser iniciado con algún interno».

Por otra parte, cabe recordar que como informábamos recientemente en relación a la cárcel de Zaballa, donde han muerto cuatro personas en lo que va de año, el propio Gobierno admite que «en los últimos años se viene observando un incremento de ingresos en el centro penitenciario por parte de personas cuyo perfil les sitúa en una situación grave de vulnerabilidad: internos jóvenes, baja formación académica, con un historial toxicofílico dilatado cuyo inicio se remonta a edades tempranas (preadolescencia). En muchos casos presentan enfermedades mentales y/o trastornos de la personalidad, así como situaciones de desestructuración y abandono social». Cabe suponer que esta situación no será privativa de la prisión alavesa.