El Foro Social Permanente, «tras analizar durante 72 horas las reacciones y silencios de todos los actores», ha querido hacer públicas distintas consideraciones sobre los recibimientos a los presos, «un elemento de división entre los actores que obran por la resolución y en la construcción de una convivencia democrática». Asimismo, señala que «ponen en peligro los consensos existentes en la cuestión de las personas presas».

En ese sentido, apunta que las victimas de ETA les han trasladado que «actos como los de Hernani y Oñati les revictimizan, generándoles un dolor añadido». Por contra, remarcan que los familiares de personas presas les han trasladado su «desazón» por esta cuestión que «aumenta su sensación de indefensión acumulada durante tantos años de sufrir una política de excepcionalidad penitenciaria en la que se han sentido completamente discriminados».

Frente a ello, han remarcado «un amplio consenso» en torno a que «los recibimientos se puedan desarrollar en espacios cerrados», que «todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación» y que «la resolución de la problemática de las personas presas será una aportación decidida a la convivencia democrática».

Para ello, reclama «un acuerdo que debe basarse en la triangulación entre las instituciones (gobiernos español, vasco y navarro), las propias personas presas y la sociedad civil». Este acuerdo, según el Foro Social, «tendrá como pilares el fin de la excepcionalidad, la aplicación ordinaria de la legalidad penitenciaria y el reconocimiento por parte de las personas presas del daño causado».

Así, el Foro Social pide «escrupuloso respeto» a las víctimas de ETA, recomienda que los recibimientos se celebren en «espacios cerrados», reclama «reconocimiento al sufrimiento de los familiares y allegados que durante tantos años han debido afrontar, en situaciones muy difíciles, el alejamiento y la dispersión» y ha solicitado «un compromiso decidido» a los expresos de «aportar en la construcción de la convivencia democrática y de un futuro basado en una cultura de paz y de derechos humanos». Pese a ello, rechaza una judicialización de los recibimientos, considerando que «no es el camino adecuado para afrontar la necesaria solución definitiva e integradora a esta cuestión».