El futuro texto legal ha superado la fase de consulta pública, en el que ciudadanos y colectivos han planteado sus aportaciones a la norma, según ha informado el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Lakua en un comunicado.

La futura ley actualizará a una norma de hace más de 15 años, con el fin de adaptar la regulación a las nuevas realidades, como la puesta en el mercado de nuevos productos y servicios tecnológicos, la aparición de ofertas de servicios a través de internet o la proliferación de contratos verbales o sin formalización escrita.

Además, la nueva ley se adaptará a los cambios en los ámbitos estatal y europeo, con incidencia en Euskal Herria. La Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de la CAV organizará las relaciones entre las diversas administraciones públicas en el área de consumo, tanto en el ámbito de regulación de competencias, como en la articulación de la colaboración colaborativo.

Se regularán las nuevas prácticas de consumo, haciendo hincapié en las contrataciones a distancia o fuera de establecimiento mercantil. El texto prevé un incremento de las actuaciones de protección a determinados colectivos, entre los que se tendrá especialmente en cuenta a las personas consumidoras o usuarias vulnerables o a los colectivos de especial protección, como la infancia o la tercera edad.

Reforzar el arbitraje

La futura ley incidirá en los códigos de buenas prácticas, como sistema voluntario al que se pueden adherir las empresas. De esa forma, se reforzará uno de los pilares del sistema de protección a la persona consumidora de la CAV: el arbitraje de consumo.

En 2018, 1.446 nuevas empresas se sumaron al sistema de arbitraje de consumo en la CAV, de forma que ya hay más de 15.500 negocios adheridos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa desde su puesta en marcha.

El nuevo estatuto incidirá en la protección en materia de seguridad de las personas consumidoras y usuarias y en la inspección de consumo, aspectos que en la norma vigente quedaron condicionados a un desarrollo reglamentario, que no se llevó a cabo. Asimismo, se desarrollará de forma más adecuada el catálogo de infracciones y las sanciones en materia de consumo, siempre según la previsión del Departamento.