En julio de 2018, representantes de Martxoak 3 Elkartea comparecieron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo «para explicar la situación y solicitar que desde la UE se adoptaran las medidas oportunas para que el Estado español modificara la política de impunidad mantenida hasta la fecha» en relación con lo acontencido en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, en particular, y con el trato que han sufrido las víctimas del franquismo en general.

Casi un año más tarde, en abril de 2019, el Ejecutivo de Madrid envió una nota a dicha comisión por medio de su Dirección General para la Memoria Histórica –dependiente del Ministerio de Justicia– en la que entre otros aspectos se reconocía «expresamente la desprotección de las víctimas de la dictadura franquista», y se aseguraba que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía la voluntad de «avanzar en propuestas de reformas legales que permitan dar amparo legal a la mismas».

También se explicaba que la Dirección General para la Memoria Histórica «carece de capacidad legal de acceso a un asunto judicializado», en referencia a la orden de detención de responsables de crímenes durantes el franquismo cursada por un juzgado de Buenos Aires.

Según han recordado este martes en una nota la Martxoak 3 Elkartea y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), el Gobierno español rechazó en 2013 y 2014 «las órdenes internacionales de detención cursadas por la autoridades judiciales argentinas (…) incumpliéndose de esta forma el Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal» entre ambos países.

«No se ha aprobado reforma legal alguna»

Ambos colectivos califican de «pequeño avance que por primera vez el Gobierno español reconozca ante una instancia internacional la absoluta desprotección de todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista», pero remarcan que «hasta la fecha no se ha aprobado reforma legal alguna que suponga y represente un reconocimiento efectivo de los derechos que asisten a las víctimas».

Como ejemplo apuntan que en marzo de 2018, dos meses antes de acceder al Gobierno, el PSOE «votó en contra de modificar la Ley de Amnistía, y tampoco ha implementado medida efectiva alguna durante este último año para revertir la situación de impunidad».
 
CEAQUA y Martxoak 3 Elkartea consideran «necesario e imprescindible» que desde las instituciones europeas se exija al Estado español que termine esta impunidad, se llevan a cabo las reformas legales precisas y se articule un sistema integral de protección a las víctimas del franquismo.