O quizá no tan insólita, pues a menudo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocupan la autopista para botear; quienes quieren cruzarla, hoy pagarán una cooperación de 50 pesos.

«Siempre acompañamos a los padres en sus movilizaciones», dice un joven robusto que estudia en la normal rural de Ayotzinapa y que nunca conoció a los muchachos desaparecidos. Trae una sudadera negra con una tortuga, el logo de la escuela – Ayotzinapa significa «lugar de tortugas» en lengua náhuatl– y explica a los choferes de los carros el motivo del boteo: mañana se marchará para conmemorar el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, atacados en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014 por miembros de la fuerza pública y de la organización criminal Guerreros Unidos. Los padres organizan movilizaciones cada mes para que nadie se olvide de sus hijos, y para pedir al Estado «presentación con vida y castigo a los culpables».

«Mañana se cumple otro mes más, se cumplen 55 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. No hemos tenido descanso, a casi 5 años todavía nos encontramos aquí», nos dice Cristina Bautista Aguilar, una mujer joven de sombrero de paja que llevala fotografía de su hijo Benjamín Ascencio Bautista impresa en una manta de plástico. «Desde entonces empezó nuestro sufrimiento y no hemos tenido descanso, seguimos en las calles manifestando. Es el Estado quien desapareció a nuestros hijos y el Estado nos tiene que dar las respuestas».

La única respuesta hasta ahora el Estado dio a los padres de Ayoztinapa fue una mentira que llamó «verdad histórica». La fabricó en enero de 2015, presionado por la demanda de justicia que llegaba de la población que inesperadamente cada día, durante meses, marchó por las calles de todo el país.

El entonces Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam presentó una reconstrucción que pronto se cayó como un castillo de naipes: los estudiantes habrían sido atacados en los autobuses donde viajaban y secuestrados por la Policía Municipal. Ésta los habría entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinado y quemado en el basurero del pueblo de Cocula. Karam no presentó ninguna prueba científica que suportara su tesis.

Investigaciones periodísticas revelaron sus primeras incongruencias, luego confirmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éste concluyó que en el lugar del ataque estaban presentes también la Policía Federal, Estatal, Municipal, Ministerial y los militares del 27 Batallón de Infantería. Los expertos añadieron que es científicamente imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cadáveres y que toda la reconstrucción de la PGR está plagada de irregularidades, contradicciones y graves omisiones.

Torturas como excusa

Quizás las irregularidades más graves se registraron durante los interrogatorios. Ya en mayo de 2016, el GIEI proporcionó una lista de personas que habían sido torturadas para imponer una mentira como «verdad histórica». 61 funcionarios públicos habrían abusado de alrededor de la mitad de los detenidos –por lo menos 56– para que firmaran declaraciones que confirmaran la versión de la PGR. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado.

Hay más: a causa de las presuntas torturas este mes han sido excarcelados Gildardo López Astudillo, «El Gil» –identificado como líder de Guerreros Unidos en Iguala y responsable de la desaparición de los estudiantes– y 24 miembros de la fuerza pública detenidos por el caso Ayotzinapa. Estas excarcelaciones se suman a las 53 ya otorgadas por el mismo juez

«Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres y a la justicia de nuestro país. Alientan el silencio, complicidad e impunidad y muestran la miseria, la podredumbre del sistema de justicia en nuestro país, que huele a podrido», afirma el Subsecretario a los Derechos Humanos Alejandro Encinas.

«El quinto autobús»

Uno de los elementos que la PGR quiso desaparecer de la investigación fue el que medios mexicanos llaman «el quinto autobús». Aquella noche los estudiantes ocuparon 5 autobuses que fueron atacados, pero el expediente analiza sólo 4 ¿Por qué las autoridades omitieron la presencia del autobús 3278 de la empresa Estrella Roja?

«Los vamos a matar a todos. A tí también, hijo de la chingada», le dijo al chofer de este autobús 3278 un policía encapuchado, que le puso la pistola en el pecho por la ventanilla mientras los muchachos huían hacia un cerro. Nadie interrogó el chofer hasta que lo hicieron los expertos del GIEI; el ataque al «quinto autobús» nunca fue investigado por la PGR, a pesar de que un elemento de la inteligencia militar vio a los policías someter a los estudiantes y presentó varias fotografías, que no se encuentran en el expediente.

«La única circunstancia que explica esas contradicciones es que dicho autobús sea un elemento central del caso», escribe el GIEI en su informe final. «Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada».

De acuerdo con esta teoría, dos de los cinco autobuses donde viajaban los estudiantes ocultaban, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína con un valor estimado de 2 millones de dólares, y la policía y el ejército habrían operado en apoyo a la criminalidad organizada para recuperarlo.

Esta hipótesis explicaría la masividad y la violencia del ataque en contra de los estudiantes. Se basa en las declaraciones del lugarteniente de Guerreros Unidos, Pablo Vega Cuevas, que durante un juicio en EEUU afirmó que su organización traficaba droga desde Iguala a Chicago. Sin embargo, los autobuses que se utilizaban no salían de la misma terminal de la que salieron los estudiantes, y son de otras empresas de transporte. De todos modos, el GIEI recomendó abrir esta y otras 16 nuevas líneas de investigación, hasta ahora ignoradas por la PGR.

«La anterior administración intentó encubrir lo realmente ocurrido, para responder prontamente a un reclamo nacional y mundial». Estamos ante un crimen de Estado», afirma Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh).

¿De dónde vinieron las ordenes para no seguir determinadas líneas de investigación? ¿Quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación? ¿Quiénes estaban protegiendo y por qué?

Quien debería dar con el paradero de los estudiantes es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, pocos días después de su toma de posesión. Está conformada por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, familiares y abogados que siguieron el caso. Este órgano trasladará información a la Fiscalía especializada, encargada de la investigación penal y que ha afirmado que la investigación de la PGR está tan mal hecha, que la va a restructurar.

Nuevo gobierno

«La Comisión trabaja de manera rápida y efectiva, pero no tiene facultad de investigación penal. Siempre se hace necesario el acompañamiento de la Fiscalía General, que sin embargo se ha demorado», explica Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogado de las familias y miembro de la Comisión. A partir de nuevos elementos encontrados, está buscando a los estudiantes afuera del área de Cocula, en la zona de Mezcala, Huitzuco y Carrizalillo.

«Hasta ahora el gobierno ha mostrado voluntad política y ha dado un trato diferente a los padres con respeto a la administración anterior, reconoce. «Pero los padres dicen que la confianza se va a construir en el camino».

¿La nueva Fiscalía sabrá marcar una ruptura con respecto a la anterior? ¿Acabará con la impunidad? ¿Sabrá incomodar al ejército? Con estas preguntas hoy, a los cinco años de la desaparición forzada de sus hijos, los padres de los estudiantes de Ayotzinapa marcharán hoy una vez más, como cada mes.