El periodista Martí Anglada, la historiadora Anna Sallés y el activista y exdiputado de la CUP David Fernàndez han ejercido de portavoces del independentismo al leer un manifiesto acordado por las organizaciones presentes.

«Cualquier sentencia que sea condenatoria la consideraremos injusta», señala el texto, que afirma que en otoño de 2017, el 20 de setiembre y el 1 de octubre, se ejercieron «derechos fundamentales» como el de manifestación, autodeterminación o participación política, «y el ejercicio de estos derechos en ningún caso puede ser considerado delito en una democracia».

«La represión ni comienza ni acaba con este juicio. Se trata de una causa general contra todo un movimiento político y democrático con el único objetivo de pararlo e intentar destruirlo ahora que cada día es más masivo y mayoritario», prosigue el manifiesto.

En el testo se sostiene que «la desobediencia civil y la movilización ciudadana pacífica son los principales instrumentos que tiene la ciudadanía para responder a los abusos de poder y las situaciones de injusticia».

Señala asimismo que la respuesta que se dé «anticipará la voluntad de volver a ejercer todos los derechos que son vulnerados» y pide movilizaciones «plurales y transversales" porque «la respuesta a una sentencia injusta nos interpela a todos y todas».

Se han adherido al manifiesto una treintena de entidades de la sociedad civil como el CIEMEN, UnescoCat, Irídia, Unió de Pagesos, el SEPC o USTEC, entre otras.

Compromiso del Govern

Por su parte, el Govern, con el presidente de la Generalitat Quim Torra a la cabeza, ha presentado el manifiesto «Compromiso del primero de octubre», en el que el Ejecutivo reafirma su objetivo de «avanzar sin excusas hacia la república catalana, para que sea una realidad», y a «persistir hasta lograr la libertad de las presas y presos políticos y el retorno de las personas exiliadas».

Torra ha comparecido junto al vicepresidente Pere Aragonès, acompañados ambos por el resto de consellers y altos cargos. Este acto institucional ha tenido lugar después de una breve reunión del ejecutivo.

El president ha remarcado el compromiso del Govern con «la radicalidad democrática, el derecho a la autodeterminación, con el diálogo, con la cohesión social y con el respeto escrupuloso de los derechos humanos, civiles y las libertades colectivas».

Torra ha recordado que hace dos años «la sociedad catalana se empoderó y plantó cara a la barbarie», cuando «2,3 millones de ciudadanos fueron a votar y defendieron las urnas», siendo «golpeados» por las fuerzas policiales «enviadas por el Gobierno español». Ha recordado las «graves consecuencias» de cárcel o exilio para quienes impulsaron aquella jornada.