JxCat, ERC y la CUP han pactado una propuesta de resolución en el Parlament que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el «procés», exige la libertad de los líderes independentistas presos y alude a la autodeterminación.

Con ello vuelven a retar a los tribunales españoles, que en sucesivas ocasiones han criminalizado esa reivindicación desde los órganos parlamentarios. Y además consiguen un punto común pese a sus innegables diferencias estratégicas.

Los tres grupos independentistas en la Cámara catalana han acordado un texto conjunto que incluye un total de 15 puntos, en respuesta a las condenas dictadas la semana pasada por el Supremo contra los líderes del «procés».

Después de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el riesgo penal de incurrir en un delito de desobediencia si no se acata la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil, los partidos independentistas han buscado una fórmula matizada para referirse en su texto a la cuestión de la autodeterminación, «recordando» que desde 1989 el Parlament «ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde el año 1989 sin que esto haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado. Y se compromete a seguir haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas».

Esta moción tendrá que pasar ahora por la Mesa del Parlament para ser tramitada antes de su llegada al Pleno, que se supone que no ocurrirá hasta dentro de unas semanas, después de las elecciones estatales del 10 de noviembre.

Se da la circunstancia de que en noviembre están fijados juicios por «desobediencia» tanto contra los dirigentes del Parlament como contra el president Quima Torra (en este caso por no retirar lazos amarillos y fijado para el día 18).

Contenidos de la resolución

La propuesta rechaza la sentencia dictada por el Tribunal Supremo -con unas condenas que JxCat, ERC y la CUP circunscriben a la «deriva autoritaria del Estado»- y «exige la libertad de los presos y las presas políticas, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión».

Se hace mención especial al caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al considerar «un escándalo democrático» su condena a once años y medio de prisión «por haber permitido» que en la Cámara catalana «se pudiese hablar de todo».

El texto subraya el «carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista» y alerta de que la sentencia sienta un precedente «inaceptable, a partir del cual todas las formas de protesta», como por ejemplo intentar parar un desahucio, ocupar un centro de atención primaria o cortar una calle por una manifestación, «podrían convertirse en delito de sedición».

Las tres fuerzas independentistas acusan al Estado de buscar la «criminalización generalizada de la disidencia política», advierten de que «el conflicto entre Catalunya y el Estado es de naturaleza política y, por lo tanto, no se resolverá mediante los tribunales» y denuncian la «censura que el TC pretende imponer» al Parlament.

Argumentan en este sentido que «las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar en el Parlament».

Además, constatan que otros parlamentos autonómicos «se posicionan constantemente sobre cuestiones que desbordan su ámbito competencial, incluso pidiendo la intervención de las instituciones catalanas, sin que esto sea objeto de impugnación alguna por parte del Gobierno español».

De hecho, defienden «el derecho de estos parlamentos a seguir haciéndolo, porque la defensa del derecho a la representación política y a la libertad de expresión tiene valor sobre todo cuando se hace para los que no piensan como nosotros».

Finalmente, la propuesta de resolución –firmada por los diputados Eduard Pujol (JxCat), Anna Caula (ERC) y Carles Riera (CUP)– insta al Govern a «promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias en el ámbito nacional, estatal e internacional, para conseguir una solución democrática al conflicto político entre Catalunya y el Estado».