![Universitarias, en una de las movilizaciones de Barcelona. (Pau BARRENA | AFP)](/media/asset_publics/resources/000/649/990/article_main_landscape/universitat.jpg)
Como ocurrió con el 2017-18, la condena del Supremo al «procés» va a provocar que este curso 2019-20 sea todo menos normal en Catalunya. La reacción de rectores y alumnos ha sido inmediata y convierte a estos centros en una punta de lanza principal en la respuesta, aunque obviamente no faltan profesores y estudiantes muy críticos con esta implicación.
En el ámbito del alumnado, el Sindicat d’Estudiants (SE) y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han convocado desde hoy miércoles una huelga que se prolongará el jueves, empalmará con el puente y tiene incluso posible carácter indefinido. El SEPC ya convocó ayer martes, día en que se movilizaron sobre todo los alumnos de Secundaria, que ya se habían echado a la calle igualmente tras la sentencia y los días 24 y 25, en un formato de movilización permanente.
En paralelo, jóvenes han iniciado este miércoles una acampada indefinida en la plaza Universitat de Barcelona para reclamar que «se pare de forma inmediata la represión», con más de una sesentena de tiendas de campaña. Algunos de ellos han cortado la Gran Vía a la altura de la plaza.
Ante la evidencia de la pérdida masiva de clases, los sindicatos han introducido la demanda paralela de eliminar las evaluaciones periódicas y establecer una única, a fin de curso. Y tienen muchas posibilidades de lograrlo si se observa que ya lo han conseguido en la Pompeu Fabra de Barcelona (cuyo campus está lindante al Parlament y la calle Marina por la que se manifestaron al menos 350.000 personas el pasado sábado contra la sentencia). La demanda fue admitida por el rectorado tras un encierro en el que participaron unos 140 universitarios el martes.
Manifiestos y carta en contra
Por lo que respecta a los académicos, los rectores de la Universidad de Barcelona, la Autónoma, la Pompeu Fabra, la Universidad de Lleida, la de Girona y la Rovira i Virgili de Tarragona han firmado diferentes manifiestos, muy similares, en los que denuncian la judicialización de un proceso político, la «abusiva y punitiva» aplicación de la prisión preventiva y también «la represión policial». Y señalan que en este contexto «no hay margen para el silencio».
La iniciativa no ha tenido tanto eco en el Estado como la carta de respuesta de 800 profesores y catedráticos, también de todo el Estado, reclamando que se retiren esos manifiestos, difundida en un foro en internet. Ven «aberrante» la posición de los rectores. Este sector está poniendo el grito en el cielo también por la implantación de la evaluación única.
Tras ser criticado desde Madrid por tibio en este conflicto, el ministro español de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha terminado mostrando en una carta su apoyo a estos 800 profesores. En un primer momento dijo que «no me meto porque opinar es libre». «Si Pedro Duque no se quiere ‘meter’ ahí, que no se hubiera metido a ministro», le replicó Albert Rivera (Ciudadanos) en Twitter.
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