El informe bienal de la OCDE “Las pensiones de un vistazo 2019” advierte a los gobiernos de que deben reformar urgentemente los sistemas de pensiones para asegurar que el creciente número de trabajadores no convencionales puedan contribuir lo suficiente durante su vida laboral para que reciban una pensión adecuada.

En el concepto de “trabajador no convencional”, el organismo internacional engloba a trabajadores a tiempo parcial, temporales y autónomos, es decir, a quienes tienen empleos precarios. Estos ya representan una tercera parte de todos los trabajadores y trabajadoras de los países de la OCDE, y en el caso del Estado español, casi la mitad.

Con otras palabras, constata que los sistemas de protección social fueron diseñados sobre la hipótesis de que los trabajadores tendrían carreras laborales estables y lineales, con un solo empleador; en consecuencia, están mal diseñados para proporcionar seguridad a los nuevos trabajadores precarios.

En la presentación del informe, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, señaló que «los gobiernos necesitan poner en marcha rápidamente unos sistemas de pensión más inclusivos y armonizados». «En los actuales sistemas –añadió–, los trabajadores no convencionales ganan menos, contribuyen menos en relación con sus ingresos y no pueden participar en los planes de pensiones relacionados con el empleo».

La OCDE señala que se deberían alinear las normas de todas las formas de trabajo de modo que se igualen las contribuciones totales –suma de empleados y empleadores– para todos las trabajadoras y trabajadores. Advierte de que el gran grado de flexibilidad al definir la base contributiva de los trabajadores autónomos tiende a generar contribuciones bajas, aunque señala que limitarlas por ley no será suficiente para que suban.

En cuanto a las posibles medidas, la OCDE estima que si el gobierno rebaja las aportaciones obligatorias a los trabajadores autónomos para promover el trabajo autónomo, o para que realicen actividades de bajos ingresos, también debería complementar esas contribuciones con subsidios para que los trabajadores con salarios más reducidos puedan tener unas prestaciones dignas.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional española de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), criticó con dureza el informe. Sin embargo, vino a coincidir con la reflexión de la OCDE cuando señaló que se deberían «quitar trabas» para que los autónomos puedan cotizar en cada momento lo que quieran sin topes. También abogó por que puedan cambiar la base o puedan hacer aportaciones voluntarias sin necesidad de cambiar la base de cotización.

Las pensiones en el Estado

En cuanto a las pensiones en el Estado español, el informe subraya que las dos principales medidas para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema –el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad– se encuentran suspendidos. Durante la presentación en París del informe, el economista jefe de la OCDE, Hervé Boulhol, dijo que esas medidas se podían suspender «pero hay que proponer otra cosa».

Por lo demás, volvieron a subrayar que el envejecimiento en el Estado español se produce a un ritmo mayor que la media de la OCDE. E insistieron en las pobres coberturas de jubilación de los trabajadores autónomos que, según sus cálculos, rondarán el 42% de lo que corresponderá a un empleado por cuenta ajena con el mismo salario. De entre los miembros de la OCDE, solo Japón, México y Países Bajos se encuentran peor que el Estado español a este respecto.

El contrapunto lo puso esta vez la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante la comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para convalidar el real decreto relativo al presupuesto de la Seguridad Social. Anunció que solamente se utilizarán 2.900 millones del Fondo de Reserva frente a los 3.600 que tenían autorizados. La razón es que las cotizaciones sociales están creciendo este año a un ritmo del 8%, y apuntó como causas a la mejora de los salarios, el alza del SMI y el aumento de las bases mínimas y máximas de cotización. Datos que dan la razón a jubilados y pensionistas cuando reivindican condiciones de trabajo dignas como fundamento para mantener el sistema público de pensiones.

Evolución en el mundo

En cuanto a la situación en los países de la OCDE, el informe alerta de que en estos dos años se han revertido muchas de las reformas de años anteriores. Algunos estados han flexibilizado los requisitos de edad para acceder a una pensión, han aumentado los beneficios o han ampliado la cobertura.

En Hungría, Islandia y Lituania se han modificado los tipos de cotización; en Austria, Estado francés, Italia, México y Eslovenia se han incrementado las coberturas y las pensiones mínimas, mientras que en Alemania han crecido los beneficios para aquellas personas con menos ingresos.

El informe destaca que en el Estado español se han dejado en suspenso las medias adoptadas en 2013. Solo Estonia ha aumentado la edad de jubilación, mientras que Italia, Países Bajos y República Eslovaca han ampliado las opciones de jubilación anticipada o han limitado los aumentos de la edad de jubilación que habían anunciado.

La OCDE reconoce que con la mejora de las condiciones económicas se ha relajado la presión financiera para reformar los sistemas de pensiones. En este contexto, considera comprensible que algunos países quieran suavizar las medidas más impopulares que tomaron durante al crisis.

No obstante, advierte de que la presión no era solamente por la crisis, sino que algunos sistemas ten&bs;ían y mantienen debilidades estructurales. Alerta de que un retraso de las reformas a largo plazo puede provocar que los sistemas sean «menos resilientes a las perturbaciones económicas del futuro».

Más de treinta razones para la huelga general del 30 de enero

Representantes de los agentes que integran la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria realizaron ayer una comparecencia ante la prensa, en Donostia, para presentar las «treinta razones» para la huelga general convocada para el 30 de enero bajo el lema «Trabajo-Pensión-Vida Digna».

La fecha de la huelga fue concretada el martes en la reunión que estos agentes mantuvieron con el movimiento de pensionistas de Hego Euskal Herria, que lleva ya casi dos años movilizándose semanalmente para exigir unas pensiones dignas. Además, como se recordó ayer, hace seis años que numerosos sindicatos y agentes sociales elaboraron «una carta de los derechos sociales de la ciudadanía».

De la confluencia de ambas experiencias ha surgido una tabla de reivindicaciones con más de treinta puntos.GARA