Tras año y medio de gobiernos de Pedro Sánchez y en pleno proceso de negociación de investidura, el Foro Social Permanente ha hecho balance exhaustivo de lo que ha cambiado y no en el ámbito de la política carcelaria española. Los agentes reunidos en este foro completan un cuadro en el que se refieren «avances», «atascos» y también «retrocesos».

Para empezar por lo más básico y global, cuando Sánchez tomó el cargo vía moción de censura (junio de 2018) había 280 presos y presas, que se han reducido a 246 por el mero agotamiento de sus condenas, estiradas hasta el final. Solo hay tres excepciones: dos suspensiones de condena por enfermedad y una libertad condicional (esta en el Estado francés). Y el Foro no pasa por alto que siete personas han ingresado en prisión en este año y medio. Ello hace que en el Estado español realmente apenas se haya reducido el número: de 222 a 210. La mayor parte de la bajada se produce en el francés.

Otro tanto ocurre con el volumen de presos políticos enfermos: ha bajado apenas de 21 a 19 en el total y de 18 a 17 en el caso del Estado español. Sin olvidar que tres exprisioneros han muerto en este periodo por las enfermedades agravadas en prisión (Oier Gómez, Juan Mari Mariezkurrena y José Angel Otxoa de Eribe). Y también sin obviar que «la situación de los presos septuagenarios no ha evolucionado nada».

En cuanto al grado en que están encarcelados sí se percibe un avance, aunque muy paulatino y tibio: si en junio de 2018 había en el Estado español 204 vascos en primer grado (el 92% del total de EPPK en ese territorio), ahora son 128 (61%). Entonces eran 14 los que estaban clasificados en segundo grado y ahora su número ha subido a 45. En el aspecto negativo, no hay nadie en tercer grado, que ha seguido vetado este tiempo con la única salvedad de Xabier Sagardoi y durante muy pocos días antes de agotar la condena.

La clasificación tiene incidencia sobre los permisos, que se han concedido en poquísimas ocasiones desde Madrid: apenas seis a lo largo de 2019. Frente a ello, se les han denegado a 45 presos clasificados en segundo grado, con negativas sistemáticas en Zuera, Soria, Burgos, Dueñas y Zaballa, y puertas abiertas únicamente en Villabona y Logroño.

En este punto, el Foro apunta que «sería deseable que otras prisiones se sumen a estas y que se generalice la concesión de permisos a todo clasificado en segundo grado que lo solicite». De hecho, recuerda que 32 de los que ya han recibido esta progresión tienen cumplidas las tres cuartas partes de su condena y el resto están cerca de hacerlo. Es más, hay 23 clasificados en primer grado que también han pasado los tres cuartos, ante lo que el Foro trae a colación que «el alejamiento y mantenimiento en primer grado imposibilitan los permisos y poder llegar a tiempo para acceder a la libertad condicional antes de agotar íntegramente las condenas».

Alejamiento y accidentes

Aunque Sánchez dijo nada más tomar el cargo que cambiaría la orientación de la política carcelaria, y pese a los decididos avances del Gobierno francés, en este periodo solo se han producido 25 acercamientos en el Estado español (ninguno de ellos desde el pasado julio hasta aquí) y además se han contrarrestado con cinco alejamientos.

Ello provoca que en la actualidad 148 personas presas estén a entre 520 kilómetros y 1.100, entre ellos 65 padres y madres y 5 presos enfermos, apunta el Foro. De esos 148, además, la mitad está a más de 800 kilómetros, en Andalucía o Murcia.

Apenas cinco están en Euskal Herria, en todos los casos por enfermedad grave que debiera provocar realmente su puesta en libertad: tres en prisión domiciliaria y dos en Zaballa o centro dependiente de esa cárcel.

Añade el informe del Foro que «doce mujeres están encarceladas solas en los módulos de mujeres de cárceles donde no hay más presas vascas», así como seis hombres.

Todo ello se traduce lógicamente en accidentes de familiares y amigos: en 2019 se contabilizan nueve y en 2018 fueron siete.

Pese a todo, condiciones favorables

El Foro Social Permanente reconoce sin tapujos que «algunos agentes –incluidas entidades del propio Foro– interpretarán estos datos como un ‘vaso medio vacío’. Otros, sin embargo, lo verán como ‘vaso medio lleno’. En cualquier caso, toca ya superar este debate y acometer la tarea de ‘llenar el vaso’ y, de manera definitiva, dar una resolución a esta cuestión pendiente».

Recuerda que desde poco después de la llegada de Sánchez en su primera legislatura ya alertó del riesgo de «frustración» por los «ritmos excesivamente prudentes». «Hoy debemos constatar que teníamos razón», lamenta. No obstante, espera que si se constituye un nuevo Gobierno pueda afrontar la cuestión de otro modo, puesto que «podemos afirmar con datos propios que la mayoría de los partidos que hoy conforman el Congreso español están de acuerdo con dos principios: resolver en un plazo razonable la problemática aplicando exclusivamente una legislación ordenaria y una política penitenciaria normalizada, como importante aportación a la construcción de una convivencia democrática».

El Foro Social Permanente añade al consenso político creciente otras dos cuestiones favorables. Por un lado, «la generosidad con que la mayoría de las víctimas que viven en este país están acometiendo el nuevo escenario abierto», y por otro, «la voluntad decidida de las personas presas reunidas en el colectivo EPPK de acometer este camino, como lo prueban los datos incluidos en este documento».