Después de un debate de doce horas, el Senado argentino ha sancionado esta madrugada, en una sesión extraordinaria, el paquete de medidas con el que el Gobierno de Alberto Fernández pretende hacer frente a la crisis económica y social que atraviesa el país. Ha salido adelante con el voto a favor de 41 senadores, la oposición de 23 y una abstención.

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y otorga al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.

Sus principales objetivos son impulsar el crecimiento, renegociar la deuda pública, contener la inflación (los precios subieron el 52,1% interanual en noviembre) y reducir la pobreza, que alcanza al 40% de la población.

Entre las medidas que recoge esta «megaley» que la Administración considera clave para frenar la recesión destaca la creación y la subida de algunos impuestos para resolver los desequilibrios fiscales.

«Este proyecto representa un nuevo tipo de ajuste fiscal para Argentina, ya que está enfocado en cobrar impuestos a los ricos», ha declarado el analista Julio Burdman, director de la consultora local Roger Data.

El texto incluye la creación de un impuesto denominado «país» (impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30% la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos en dólares para viajar al exterior y los gastos que se hagan en moneda extranjera dentro y fuera del país.

Reformulación del sistema de pensiones

Además, prevé, entre otros puntos, el congelamiento por 180 días de las tarifas de servicios públicos para su revisión y la suspensión del ajuste de las jubilaciones para reformular el sistema de pensiones.

Entre los cambios realizados por los diputados, se ha decidido excluir de la suspensión a los regímenes especiales, como el que rige las asignaciones de las autoridades del Poder Ejecutivo y el Judicial, lo que ha generado una enorme polémica y ha llevado al presidente a anunciar a través de Twitter que ampliará el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso para que se «aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio»

El jefe de Estado ha remarcado que su objetivo es «garantizar la igualdad» y «trabajar para construir una sociedad que iguale las oportunidades de todas y todos».

El grupo del opositor Juntos por el Cambio se ha opuesto a esta ley tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado al considerar que el proyecto supone un fuerte ajuste, otorga un cheque en blanco al Gobierno y no responde a la situación real del país.

Este pleno extraordinario del Senado –en un decreto presidencial, Fernández llamó a realizar sesiones entre el 13 al 31 de este mes– ha sido el primero tras la investidura del 10 de diciembre, en el que se ha estrenado como presidenta de la Cámara Alta la exmandataria y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.