El fiscal general de Sudán, Taj al-Hibr, ha anunciado hoy que «hemos empezado las investigaciones sobre los crímenes que fueron perpetrados en Darfur desde 2003, y las acusaciones que se dirigen a comandantes del antiguo régimen, cuyas sentencias se elevan hasta la pena de muerte». Darfur fue escenario de una guerra entre movimientos rebeldes y el Ejército del país desde 2003.

El expresidente sudanés Omar al-Bashir, derrocado el pasado abril, está acusado de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI) por el conflicto de Darfur, que comenzó en 2003 tras el levantamiento en armas de dos grupos rebeldes y que supuso más de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados.

El fiscal general ha destacado que las investigaciones iniciadas por Al-Bashir en 2007 sobre los crímenes cometidos en Darfur se pararon al año siguiente, después de que éstas involucrasen a comandantes de las fuerzas de seguridad.

Hace más de una década, Al-Bashir formó un comité para investigar las alegaciones sobre el conflicto y el órgano presentó posteriormente un informe al entonces presidente, que no tomó medidas para aplicar sus recomendaciones.

«Todos los representantes del antiguo régimen (de Al-Bashir) detenidos en la cárcel de Kobar están acusados de crímenes y procesados en diferentes casos, sin que el tribunal pueda liberarlos bajo fianza», ha recordado.

Entre ellos, ha citado el caso del exministro de Interior Ahmed Harun, sobre el que pesan tres acusaciones y que está buscado por el TPI.

Todo ello se produce mientras tienen lugar en Yuba conversaciones de paz entre los rebeldes sudaneses y el Gobierno transitorio, establecido tras un acuerdo entre la oposición civil y los militares que el pasado abril derrocaron a Al-Bashir, quien estuvo casi tres décadas en el poder.

En las últimas semanas, el nuevo Ejecutivo aprobó una ley para erradicar el régimen Al-Bashir y disolver el partido del exmandatario, el Congreso Nacional, así como todas las instituciones y organizaciones del régimen.

En este contexto, en la primera sentencia en su contra desde su caída, el expresidente fue condenado por un tribunal la semana pasada a dos años de confinamiento en un centro de rehabilitación por un delito de tráfico ilegal de divisas y corrupción.

El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.

Masacre del 3 de junio

Además, el Gobierno de transición de Sudán ha comenzado este fin de semana la investigación de la masacre cometida el pasado 3 de junio en Jartum por las milicias de las Fuerzas de Acción Rápida –afines a la Junta Militar sudanesa– contra los manifestantes que exigían la integración de las fuerzas civiles en el Ejecutivo tras la caída del dictador Al-Bashir.

Esa madrugada, las fuerzas paramilitares irrumpieron en la sentada organizada frente al Mando General del Ejército y abrieron fuego indiscriminado.

Al menos 128 personas murieron durante la represión y las dos semanas siguientes, según médicos vinculados a la oposición. Los militares sudaneses, que han reconocido que las milicias actuaron con fuerza excesiva, han confirmado 61 fallecidos. También se tiene constancia de múltiples casos de violación a las mujeres y así como de brutales agresiones físicas.

El comité de investigación, de carácter independiente y dirigido por el abogado Nabil Adib, dispone a partir de ahora de tres meses para divulgar sus resultados, aunque puede pedir una prórroga.