La Fiscalía de Tribunal Supremo ha pedido este lunes al juez instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, que mantenga las órdenes de detención y la declaración de rebeldía del president catalán legítimo Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, y que se dirija al Parlamento Europeo para solicitar que se suspenda su inmunidad.

Esa inmunidad ha sido reconocida por la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras, pero la Fiscalía argumenta que eso fue anterior a la sentencia condenatoria del Supremo, por lo que ya no cabe ampararse en ello.

La Fiscalía prorroga así la línea dura, que ya mostró el jueves al instar al Supremo a mantener preso e inhabilitado a Junqueras, nada más conocer la decisión del TJUE.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público también reclama al magistrado que comunique de forma inmediata a las autoridades judiciales belgas todo este procedimiento para que deje sin efecto los plazos para la resolución de la entrega de los dos exdirigentes catalanes hasta que la Eurocámara decida sobre la petición de la suspensión de inmunidad.

Juzgarles como sea

En relación con las órdenes de detención, el escrito firmado por los cuatro fiscales del caso –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena– señala que tanto éstas como la declaración de rebeldía que ahora mismo pesan sobre los dirigentes catalanes huidos sólo podrán dejarse sin efecto «cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos que se les atribuyen».

Estas medidas cautelares impuestas sobre Puigdemont y Comín, añade la Fiscalía en su escrito, deben comunicarse por Llarena al Parlamento Europeo «a la mayor brevedad posible» con el fin de «salvaguardar los fines del proceso penal» que se mantiene contra ambos por presuntos delitos de sedición y malversación. Es decir, para intentar juzgarles como sea.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público también reclama a Llarena que comunique de forma inmediata a las autoridades judiciales belgas todo este procedimiento para que la justicia de aquel país deje en suspenso la resolución de la entrega al Estado español de los dos líderes catalanes mientras la Eurocámara decida sobre la inmunidad de ambos.

A lo largo de su escrito, la Fiscalía recuerda que tanto Puigdemont como Comín fueron procesados el 21 de marzo de 2018, cuando permanecían ya exiliados en Bélgica, y que tras presentarse a las últimas elecciones al Parlamento Europeo obtuvieron acta de diputados. El mismo día que se dictó la sentencia, el pasado 14 de octubre, el juez Llarena reactivó las órdenes de detención europea e internacional contra ambos.