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EH Bildu acusa a Lakua de «cerrar los ojos» con su veto a limitar el precio de los alquileres

El Gobierno de Lakua justifica en la defensa de las clases medias el rechazo a la propuesta de EH Bildu para limitar los precios de alquiler de vivienda. Argumenta que desincentivaría la oferta y no ve los precios desorbitados. Para EH Bildu, cierra los ojos ante el problema y favorece la especulación.

Maddalen Iriarte, al registrar la propuesta de ley. (EH Bildu Twitter)
Maddalen Iriarte, al registrar la propuesta de ley. (EH Bildu Twitter)

El Gobierno de Lakua ha emitido su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley de EH Bildu para limitar por ley el precio del arrendamiento de la vivienda, especialmente en zonas saturadas. La propuesta se presentó en noviembre y el Ejecutivo Urkullu la ha rechazado hoy argumentando que puede complicar el objetivo de incrementar la oferta de pisos en alquiler.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Josu Erkoreka, ha replicado a EH Bildu de que la amplia mayoría de viviendas deshabitadas que hay en la CAV pertenecen a personas con ingresos medios, cuyos inmuebles suponen el patrimonio obtenido «tras años de esfuerzo», lo que los convierte en una garantía de ingresos complementarios en el futuro.

Si se controla la renta del alquiler, ha agregado Erkoreka, podría desincentivarse a corto y medio plazo la movilización de las viviendas deshabitadas y, con ello, el aumento de la oferta.

Diferente diagnóstico

En este sentido, el Gobierno Urkullu ha espetado a EH Bildu que la CAV no comparte la realidad de otras capitales como Madrid o Barcelona, en las que ve mucho dinamismo poblacional y, por tanto, el peso del alquiler es muy elevado.

Por contra, al presentar la propuesta de ley Maddalen Iriarte incidió en que el precio medio del alquiler en la CAV está fijado ya en 672 euros, tras un aumento del 8,2% en tres años y después de un incremento el último año que multiplica por ocho la subida del IPC. «Está por las nubes y estamos llegando a límites insostenibles», dijo.

Erkoreka ha añadido como argumento que tampoco es habitual que grandes grupos de inversores privados adquieran y concentren la propiedad de numerosas viviendas para después ofertarlas en alquiler.

Ha recordado que el Gobierno de Lakua tiene una estrategia propia en materia de alquiler de vivienda que apuesta por aumentar la oferta pública movilizando la deshabitada. En este sentido, ha indicado que el año que viene estará ya disponible el registro de viviendas vacías, así como una serie de mecanismos para garantizar su función social.

Asimismo, ha argumentado que el Ejecutivo seguirá proponiendo a las diputaciones que adopten medidas que permitan incentivar el alquiler por debajo del valor de mercado, de manera que se pueda aumentar la oferta de viviendas disponibles para el mercado del alquiler.

22.000 pisos para 55.000 solicitantes

Tras conocer esta decisión del Gobierno de Gasteiz, EH Bildu ha emitido una nota que le acusa de «no asumir su responsabilidad política» y hacerlo además «el mismo día en que su consejero de Vivienda ha confesado que el parque público de vivienda de alquiler (22.000 pisos) es insuficiente para atender a la demanda registrada en Etxebide (55.000 personas). Es decir, Lakua es incapaz de arreglar el problema desde lo público y además se niega a intervenir en el mercado privado limitando los precios como ya se hace en otros lugares. En definitiva, asume que el mercado inmobiliario siga siendo un espacio para la especulación, con las consecuencias que eso trae: desahucios, situaciones de vulnerabilidad, problemas de segregación, imposibilidad para la emancipación de la juventud...».

Añade el grupo independentista de izquierdas que los argumentos dados por Erkoreka «carecen de todo peso». En concreto, «alegar que el problema aquí no llega a los extremos de Madrid y Barcelona es tanto como cerrar los ojos ante una realidad que exige tomar medidas ya, antes de que sea demasiado tarde».

También le reprocha EH Bildu que «con su negativa a tramitar la proposición de ley, el Gobierno también dice no a desarrollar el Derecho Civil Vasco y aprovechar unas potencialidades que el propio Tribunal Constitucional ha admitido en Catalunya, con lo cual la posición de Lakua es más incomprensible todavía».