La Abogacía del Estado ha solicitado al juez instructor de la causa del «procés» en el Supremo, Pablo Llarena, que suspenda las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín, pero le insta además a que pida a «la mayor brevedad» al Parlamento Europeo el suplicatorio para el levantamiento de sus inmunidades tras ser elegidos eurodiputados.

Ambas cuestiones se derivan de la situación creada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al aceptar la inmunidad de Oriol Junqueras, en una situación similar a la de Puigdemont y Comin en cuanto que estos también son electos, pero con una diferencia sustancial: Junqueras está preso y los otros dos, exiliados, han podido ya pisar el Parlamento Europeo.

La Abogacía estatal da con ello una de cal y otra de arena. La petición de suspender las euroórdenes resulta en la práctica intrascendente, porque la Justicia belga ya lo hizo el jueves ante la nueva situación creada por la resolución de Junqueras. Sus tribunales han dejado el tema en «stand by» hasta que se resuelva el suplicatorio que impulsará Madrid ante Bruselas para que vuelva a levantarse la inmunidad.

Y precisamente eso es lo que demanda la Abogacía en la otra parte de su escrito: que Llarena reclame cuanto antes ese suplicatorio.

Matices respecto a la Fiscalía

Así lo ha dicho en un informe que ha remitido este viernes al juez del Supremo, después de que éste pidiera a las partes que se manifestaran sobre si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre.

Con todo, esta postura es en parte diferente a la de la Fiscalía, que pidió al juez instructor de la causa del «procés» que mantenga las euroórdenes. El Ministerio Público también solicitó al magistrado que se dirija cuanto antes al Parlamento Europeo para solicitar que se suspenda su inmunidad.

Ambas partes ya mantuvieron posiciones diferentes tanto ante el juicio del «procés» como más recientemente en el caso de Junqueras.