Con siete meses de retraso, los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín se sentaron ayer por primera vez en el Parlamento Europeo, que celebró un pleno ordinario en la sede de Estrasburgo. No pudo hacerlo Oriol Junqueras, pese a la favorable sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El Tribunal Supremo español y el seguidismo del Parlamento Europeo –que hace siete meses también obedeció, erróneamente, las instrucciones del Estado español–, lo impidieron. Pero la accidentada relación de los represaliados dirigentes catalanes con la Eurocámara está lejos de estabilizarse. Ni Puigdemont ni Comín tienen garantizado el escaño, ni Junqueras puede dar por perdido el suyo.

Inasequible al desaliento, ni a los reveses judiciales que ha acumulado ya en Bélgica, Alemania, Suiza, Escocia y Luxemburgo, la Justicia española no ceja en su empeño de extraditar a Puigdemont. Ayer mismo, el presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pidió formalmente el suplicatorio al Parlamento Europeo. Lejos de acabar nada, ayer empezó un proceso que puede durar entre cinco meses y un año, tras el cual los 705 eurodiputados que queden después del Brexit tendrán que posicionarse nítidamente sobre el conflicto entre Catalunya y España.

La apuesta es de alto riesgo para unos y para otros, y aunque los alineamientos del Parlamento Europeo hasta ahora no auguran nada bueno para el independentismo catalán, este puede aferrarse a los anticuerpos que pueda acabar generando la derecha española. De momento, ayer los ujieres de la institución tuvieron que emplearse a fondo para retirar las banderitas con los que los eurodiputados de Vox adornaron sus escaños. Luego tuvo que ser el propio presidente del Parlamento, Mario Sassoli, el que mandase callar a un eurodiputado ultra español, recordándole que la admisión de Puigdemont y Comín no era tema de debate. Ya explicó el cubano José Martí, hace unos 130 años, las armas con las que contaba para lograr la independencia: «¡Con los desatinos de España!».

La inmunidad a prueba

En cualquier caso, a la espera de nueva orden, Puigdemont y Comín disfrutan ya de su escaño, después de que Sassoli les diera ayer la bienvenida. En rueda de prensa posterior, Puigdemont consideró que «Europa se juega su alma en la gestión del conflicto catalán» y volvió a jugar con la idea de volver a pisar el Estado español, algo que hasta su abogado, Gozalo Boye, ha desaconsejado. «España debe respetar nuestra inmunidad», consideró, añadiendo que «sería conveniente para España que pudiésemos pisar territorio estatal». «Es incomprensible que tengamos inmunidad en toda Europa menos en un estado miembro», concluyó. En este sentido, Puigdemont aprovechó los micrófonos para recordar que la cuestión catalana no solo tiene que ver con la independencia, sino también con los «derechos y las libertades».

A su lado, la eurodiputada de ERC y pareja del también encarcelado Raül Romeva, Diana Riba, subrayó que «una misma situación tiene diferentes consecuencias dependiendo del estado miembro en el que estés», y anunció que, además de la acción en los tribunales, también llevarán el veto a Junqueras a la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento. «No esperábamos que Sassoli no reconociese la inmunidad de Junqueras, pero lucharemos políticamente y judicialmente», añadió.

En la rueda de prensa participó también el eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, que dio la bienvenida a Puigdemont y Comín, y que reconoció la música que suena ahora con notas catalanas: «En el caso de Junqueras nos podemos encontrar con una situación que últimamente se da bastante: los tribunales te dan la razón cuando el daño ya está hecho».

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, también acudió a la rueda de prensa. A través de las redes, consideró que «los problemas políticos se resuelven hablando, no retorciendo arbitrariamente las leyes».

El líder de ERC apura sus opciones ante el Tribunal General de la UE

El pulso por el acta de eurodiputado de Oriol Junqueras sigue en marcha. Tras dar por acabadas las opciones ante el Tribunal Supremo español, que la semana pasada rechazó aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorable al líder de ERC, el partido confirmó ayer que presentará un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que es una de las instancias judiciales que forman parte, precisamente, del TJUE.

Junqueras buscará así que los tribunales europeos entren a examinar si la decisión del Supremo de denegar cualquier permiso a Junqueras –y la posterior decisión del Parlamento Europeo de retirarle el acta otorgado escasos días atrás– se ajustan a la sentencia del TJUE, que estableció que Junqueras obtuvo su condición de eurodiputado a mediados de junio. La sentencia establecía que Junqueras debía haber accedido a la inmunidad y señalaba que, para haberlo mantenido en prisión preventiva, el Tribunal Supremo español debería haber pedido el suplicatorio al Parlamento Europeo, algo que ha descartado hacer, sin que la Eurocámara haya protestado.

En una entrevista de TV3, el propio Junqueras consideró ayer que «quien debería acabar condenado es el mismo Marchena». El líder de ERC, recordó que «no hay nada definitivo» y que «será necesario continuar la batalla legal en Europa». «Cuanto más tarden en rectificar, más derechos irán vulnerando y mucho más dura será la caída», auguró desde la cárcel de Lledoners, donde también consideró que el nuevo Gobierno español debería estar preocupado por «empezar el mandato desobedeciendo a Europa». En cualquier caso, Junqueras dejó claro que la decisión del Supremo no afectará a la mesa de diálogo entre Catalunya y España pactada por ERC y PSOE.GARA

Los CDR detenidos el 23S recuerdan que siguen encausados en la AN

Tras ser detenidos el pasado 23 de setiembre en medio de una gran operación policial y mediática que les vinculó a acciones terroristas y a la tenencia de explosivos, siete activistas de los Comités de Defensa de la República han ido recuperando la libertad con cuentagotas, mientras las acusaciones iban desinflándose día tras día. Los últimos dos detenidos salieron de prisión la semana pasada, después de que la Audiencia Nacional española decretase la libertad bajo fianza de 30.000 y 15.000 euros.

Los detenidos emitieron ayer su primer comunicado conjunto, una vez en libertad. «Mostramos nuestra alegría por estas victorias; al mismo tiempo, no pararemos hasta conseguir el archivo de la causa», se lee en una nota en la que se reafirman en que «se trata de una operación política articulada desde el poder policial y judicial que responde a la necesidad del régimen del 78 de hacer frente a aquellos que ponen en cuestión la vulneración de derechos». «Un Estado cuya única respuesta frente a los conflictos políticos y sociales es la excepcionalidad y la acusación de terrorismo», añaden.

Los encausados y sus entornos, que recordaron el régimen de aislamiento en el que han estado algunos de los detenidos, quisieron subrayar que, aunque estén en libertad, «continúan siendo represaliados por su posicionamiento político a favor del derecho a la autodeterminación y su participación en las movilizaciones».

Por todo ello, el comunicado, que «agradece la solidaridad de base» que ha permitido «llenar calles y cajas», concluye exigiendo «el archivo de la causa contra las nueve detenidas en la operación del 23 de setiembre», así como «la disolución de la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista» y «el fin del régimen FIES y el aislamiento dentro de la prisión».GARA