![El exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, durante su declaración. (POOL EFE)](/media/asset_publics/resources/000/672/966/article_main_landscape/0121_eg_Trapero.jpg)
Lenta pero implacable, la maquinaría estatal contra el envite catalán de otoño de 2017 sigue su camino. Lo hace, además, obligando a Catalunya a regresar una y otra vez a aquellos días. Hoy también han sido noticia los acuerdos presupuestarios entre el independentismo y los comunes en el Parlament y en el Ayuntamiento de Barcelona, pero los titulares solo han tenido espacio para lo ocurrido hace dos años.
Desde que el Gobierno español lo cesase echando mano del artículo 155, Trapero se ha situado en un discreto segundo plano. Toda su defensa es técnica, no quiere saber nada del independentismo –para empezar porque no es independentista–, y hoy ha dejado claro que las resoluciones del Parlament que precedieron al 1-O le parecieron una «barbaridad». Los sorprendidos también pueden acordarse del golpe de efecto que dio en su declaración –como testigo– en la vista oral del Tribunal Supremo, cuando detalló que tenían preparado el dispositivo para detener al president Puigdemont y al Govern tras la declaración de independencia. Sin embargo, Trapero se resiste a facilitar que el relato español sitúe a los Mossos como un eslabón más de la Generalitat en su estrategia independentista.
Y eso, evidentemente, choca contra las intenciones del Estado español, cuyos principales estamentos no están dispuestos a perdonar la ofensa del 1-O. En su relato, España no hubiese sufrido el desgaste de imagen que supuso aquella jornada si los Mossos hubiesen hecho su trabajo. Este es el único vector que permite entender la acusación de la Fiscalía, que sigue pidiendo 11 años por rebelión para Trapero, pese que el propio TS descartó ese tipo penal para sus superiores políticos.
Diálogo imposible
En el fondo, el diálogo entre la defensa de Trapero y la acusación de la Fiscalía resulta sencillamente imposible. Mientras el primero trata de explicar que resultaba inviable frenar policialmente una marea como la del 1-O –sin cargas violentas, los Mossos cerraron más colegios que la Guardia Civil y la Policía española–, la segunda solo pregunta por la supuesta connivencia entre la Policía y el Govern.
A Trapero le gustaría situar el debate en el marco de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que, según todos los reglamentos, deben regir cualquier actuación policial, pero el interrogatorio de ayer a cargo de la Fiscalía dejó suficientemente claro que en la Audiencia Nacional se juega a otro tipo de deporte.
Las imprecisiones y errores de bulto del Ministerio Fiscal –por ejemplo, ha preguntado a Trapero sobre su relación con «el conseller Forn» en el momento de su ascenso, en 2017, cuando Forn ni siquiera era conseller– no ha desviado, en cualquier caso, la dirección que ha querido imprimir al interrogatorio, que se ha centrado en la concentración del 20 de setiembre ante la conselleria de Economía –Trapero ha recordado que la Guardia Civil no les avisó de la operación y que luego colaboraron– y la jornada del 1-O. Las órdenes de la Fiscalía contra el referéndum, sustituidas en el último suspiro por la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, han vuelto a ser, igual que en el juicio original del TS, motivo de discusión. Un deja vú interminable que seguirá mañana, cuando se retome el interrogatorio de la Fiscalía.
Será difícil que la Audiencia Nacional vaya más allá que el TS y mantenga el delito de rebelión, pero resulta improbable que el tribunal encabezado por Concepción Espejel interprete a la baja la sentencia firmada por Manuel Marchena en el Tribunal Supremo. Para saberlo, habrá que esperar a que concluya una vista oral que durará hasta el 16 de marzo y por la que pasarán desde Oriol Junqueras hasta el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, cuya animadversión hacia Trapero es de sobra conocida. Su declaración será una de las más esperadas.
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