El actual presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha prestado declaración este lunes en el juicio que se celebra en Iruñea contra seis exdirectivos del club rojillo, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios, acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.

A su llegada al Palacio de Justicia, Sabalza ha asegurado a los periodistas que en el club están tranquilos porque no tienen «nada que temer».

Según ha explicado, cuando se produjo su entrada en la junta se estaba realizando una auditoría que dedujo que había 2,4 millones de euros «que no estaban debidamente identificados», y sospecharon que «podría ser un posible delito».

Por ello decidieron presentar una denuncia ante el Juzgado de Instrucción ya que, a su juicio, no era competencia del club investigar este hecho. Fue el Juzgado «el que hizo las investigaciones y las conclusiones de estos posibles amaños de partidos».

Sabalza ha remarcado que, durante su mandato, el club «en todo momento ha tratado de colaborar» para que el asunto se clarifique.

Carpetas vacías

El exsecretario Pedro Baile, quien ha declarado como testigo, ha asegurado que cuando llegó en 2014 «había poca documentación, en el despacho del presidente los archivadores estaban llenos de carpetas, pero las carpetas estaban vacías, era una situación lamentable».

Sabalza y Baile fueron las dos personas que presentaron la denuncia por las cantidades de dinero salidas del club presuntamente sin justificar.

El exsecretario ha explicado que «nosotros presentamos la denuncia tras recibir un informe de auditoría», y ha señalado que en esa denuncia no se hizo referencia al posible amaño de partidos.

Los teléfonos y la salida de dinero respaldan los amaños

El registro de llamadas y la geolocalización de dos teléfonos cuyo uso se atribuye al exjugador del Betis Xavi Torres y al exdirectivo de Osasuna Txuma Peralta, así como las extracciones de dinero de las cuentas del club, se corresponden con el amaño de partidos, según un agente encargado de la investigación.

Tal y como ha explicado el jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Policía española en el juicio, el teléfono que se atribuye a Torres, adquirido en un locutorio, se geolocaliza en las inmediaciones de su domicilio en Sevilla, se desplaza durante sus vacaciones y se acerca al teléfono de Peralta cuando presuntamente se produjo el encuentro para uno de los pagos.

A preguntas del abogado del exbético, otro agente implicado en la investigación ha reconocido que no comprobaron si en la zona en la que vivía Torres residían otros jugadores del Betis (más de ocho, según el letrado) y ha indicado que la afirmación de que fue él quien realizase las llamadas se basa en hipótesis.

El jefe de la brigada ha hecho referencia también a que las salidas de dinero en efectivo de las cuentas del club se corresponden temporalmente con los partidos que se investigan por presuntos amaños.

Así, ha señalado, en fechas próximas a los partidos investigados en la temporada 2012–2013 se extrajeron 680.000 euros que tendrían relación con los 400.000 euros entregados presuntamente al Getafe para perder contra Osasuna, 150.000 euros al Valladolid por ganar al Deportivo de la Coruña y 150.000 euros al Betis por ganar al Celta.

Además, ha indicado que en la temporada 2013–2014 salieron 230.000 euros un día antes del partido en el que presuntamente se pagó 250.000 euros al Espanyol por empatar contra Osasuna, 400.000 euros una semana después del supuesto pago de esa misma cantidad al Betis por ganar al Valladolid y 250.000 euros al acabar la liga para pagar supuestamente al Betis por perder contra Osasuna.

En referencia al recibí de 900.000 euros firmado por los agentes inmobiliarios Albert Nolla y Cristina Valencia -que según la Fiscalía sirvió para cuadrar las cuentas del club-, ha aseverado que durante la investigación manifestaron que no recibieron ese dinero, por lo que concluyeron que «ese documento era falso».

Respecto a la actividad realizada por Flefield, el jefe de la brigada ha explicado que la actividad habitual de esta empresa es el cobro de derechos de imagen de los futbolistas para que los clubes paguen menos a Hacienda, un servicio del que Osasuna y muchos otros clubes, ha asegurado, hicieron uso en el pasado.

A pesar de esto, ha apuntado, las actividades con las que se justificó el pago de 1,4 millones de euros fueron labores de «scouting y consulting» y «no había nada en Osasuna que demostrase que hubiesen emitido ningún informe» en esta línea. En relación al exdirectivo Juan Pascual, uno de los agentes ha indicado que el único dato objetivo sobre su implicación, a excepción de las declaraciones, es su firma en una extracción de 400.000 euros.