Los representantes de EH Bildu, Unidas Izquierda Ezkerra Podemos y Geroa Bai en los ayuntamientos de Antsoain y el representante de Xulapain (Arronomendi) denuncian el intento del presidente de la Mancomudidad de Servicios Sociales de Base, Javier Vílchez, de Navarra Suma, de «intentar modificar la convocatoria de ayudas sociales para personas en situación económica desfavorable haciéndola más restrictiva y excluyente».

Esta Mancomunidad de Servicios de Sociales de Base agrupo a los municipios de Antsoain, Berriobeiti, Berriozar, Itza y Xulapain.

Los grupos denunciantes explican que durante los cuatro meses transcurridos desde que Vílchez tomó posesión del cargo de presidente de la Mancomunidad, no han recibido información ni explicación alguna sobre su gestión hasta que el pasado viernes les llegó una convocatoria de asamblea general extraordinaria para hoy a la mañana. El principal punto del orden del día era la aprobación de las bases para ofrecer ayudas económicas directas a personas o familias en situación de emergencia social.

Estos grupos destacan que la convocatoria era irregular porque se hizo sin respetar el plazo legal estipulado y denuncian que, además, se querían introducir restricciones y limitaciones a las ayudas que prevén hacer frente a situaciones de emergencia en ámbitos como la vivienda, la alimentación e higiene, y suministros energéticos básicos.

Más exigencias para las ayudas

«Una de más cuestionadas [de Navarra Suma] es la obligatoriedad de presentar un contrato de alquiler para poder solicitar ayudas para alquiler de vivienda o habitación en piso compartido, circunstancia que excluiría de estas ayudas a las personas más vulnerables, que en muchos casos se ven obligadas a pagar el alquiler de estas viviendas o habitaciones sin contrato y a precios elevados. Esta vulnerabilidad, al quedar desprotegidas de la normativa de arrendamientos por la carencia de contrato, se vería incrementada al no poder acceder a otro tipo de ayudas como las autonómicas, siendo muchas veces su único recurso estas ayudas municipales, para las que hasta la fecha se exigía una declaración responsable que acreditase su situación», denuncian estos grupos.

«Otras modificaciones incluidas por el presidente de Navarra Suma son las limitaciones en el número máximo de mensualidades a conceder en ayuda de vivienda o en facturas de suministros, cuestión que ya se hallaba regulada y limitada de forma suficiente hasta la fecha estableciendo unos máximos anuales por unidad familiar. Por ello, desde estos grupos entienden que no se justifica esta doble restricción en cuanto al número de mensualidades, más allá del mero hecho de querer recortar y excluir situaciones del ámbito de las ayudas para las personas más necesitadas», añaden.

Estos grupos denuncian además «la falta de justificación de estas y otras modificaciones planteadas, que no supondrán una mejora de la gestión ni tampoco un mejor control de las ayudas, que ya se realiza de forma interna a través del propio personal técnico y de intervención de la entidad; y de forma indirecta a través del Departamento de Derechos Sociales. Estas modificaciones, que no han sido trabajadas ni informadas previamente con los ayuntamientos que encomiendan la gestión de sus servicios sociales a esta entidad, son en gran medida coincidentes con las aprobadas en la convocatoria de ayudas de emergencia del Ayuntamiento de Pamplona (también gobernado por Navarra Suma) y recientemente publicada en el BON. Por ello, desde estos grupos entienden que puede formar parte de una estrategia compartida por la derecha navarra para limitar y restringir los derechos y las oportunidades de las personas más desfavorecidas».

Ante esta situación, se han plantado en la asamblea de hoy y han solicitado la convocatoria de una nueva en el plazo de seis días hábiles, además de reclamar una reunión previa para «poder trabajar y consensuar las bases de la convocatoria de ayudas», al tiempo que manifiestan su compromiso de rechazar cualquier recorte o restricción.