En el auto en el que acuerda levantar el secreto de sumario de la pieza, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón indica que se han localizado abonos en las cuentas de Cenyt, empresa de José Manuel Villarejo, «por un importe total de 10.284.689,3 euros».

Según el juez, la contratación de Villarejo «por parte de altos directivos de la entidad» perseguía «el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito» en virtud de la condición de funcionario policial en activo del excomisario.

Y además, señala que los trabajos supusieron una «reiterada injerencia» en los derechos de las personas «mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria».

Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de exaltos cargos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía y exjefe de seguridad del banco que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.

Salvo el expresidente de la entidad Francisco González, el exejecutivo Antonio Béjar, que ha comparecido varias veces, y el BBVA, cuyos representantes legales estuvieron declarando durante 14 horas repartidas en tres días, todos los imputados en esta pieza optaron por acogerse a su derecho a no declarar cuando fueron citados en la Audiencia Nacional al no haber tenido acceso a las actuaciones.

Ante el juez y los fiscales anticorrupción, el representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas, eximió de responsabilidad a la entidad financiera de las decisiones que pudieran haber adoptado personas físicas durante la presidencia de Francisco González, a quien no llegó a señalar explícitamente pero de quien deslizó en varias ocasiones que difícilmente habría desconocido las relaciones del banco con Villarejo.

Los contratos objeto de las pesquisas van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de Ausbanc, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.