Hazi es una agencia dependiente del Gobierno de Lakua, cuyo objetivo es «impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector primario, alimentario y del medio rural y litoral vasco».

Su director, Asier Arrese Zabala, ha comparecido este martes ante la Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Parlamento de Gasteiz para «aclarar la situación y las obligaciones laborales de Alfredo de Miguel y explicar la decisión de que permanezca en su puesto de trabajo», después de haber sido condenado a más de trece años de cárcel por delitos de índole económica cometidos cuando ostentaba cargos de responsabilidad política como representante del PNV.

Arrese ha sostenido como argumento central que la condena a De Miguel no es todavía firme y el juez tampoco ha dictaminado medidas provisionales, por lo que adoptar iniciativas respecto a su relación laboral vulneraría sus derechos, según los asesores jurídicos consultados por Hazi. «Es el juez el que nos tiene que marcar los tiempos», ha sostenido.

Desde la formación proponente, EH Bildu, la parlamentaria Eva López de Arroyabe ha preguntado sobre sus condiciones actuales, si ha sido promocionado y si se ha abierto algún tipo de expediente, ante el temor de que haya «cosas que se hacen a la carta para ciertas personas».

También han formulado cuestiones al respecto los representantes de Podemos y PP, mientras que Luis Javier Telleria (PNV) ha criticado que «le están preguntando cosas a las que ya ha respondido anteriormente por escrito», y ha ligado la comparecencia con el periodo preelectoral.  

Excedencias y fusión

Arrese ha insistido en que «no podemos tomar medidas hasta que sea firme», y ha explicado el historial laboral de De Miguel, quien empezó en 2000 en la firma IKT. Posteriormente cogió excendencias para ocupar cargos políticos y retornó en 2010, siendo lehendakari Patxi López. Hazi nació por la fusión de Itsasmendikoi, IKT y Fundación Kalitatea, y el personal fue subrogado.

Ha indicado asimismo que su salario se vio incrementado en 6.000 euros anuales –de 27.000 a 33.000– porque hubo «un proceso de armonización» de los sueldos de las tres empresas, en el que «más de 60 personas se vieron beneficiadas».

Y en 2015 ascendió a un puesto de «técnico de dinamización litoral» a través de una promoción interna, confirmando lo publicado por Naiz.eus el pasado 20 de enero. «Para nada ha sido un proceso discriminatorio. Está cubriendo una vacante de manera interina, el salario no está consolidado», ha añadido Arrese.  Por aquel tiempo ya hacía seis años que había estallado el «caso De Miguel».   

Según la convocatoria de este puesto de trabajo, su función es «prestar apoyo técnico, operativo y administrativo para la correcta ejecución y posterior seguimiento de las acciones planificadas por el área de Emprendimiento y Dinamización Rural y Litoral», en colaboración con ayuntamientos y representantes del sector marítimo-pesquero.    

«El PNV lo ha hecho bien»

La guinda a la comparecencia la ha puesto el jeltzale Telleria, quien ha criticado que «parece que algunos presos ya condenados en firme tienen todos los derechos y otros sin condena en firme parece que no. Y a este cuando salga no se le harán ongi etorris con txarangas».

«Este asunto no da para más. Aunque algunas gentes del PNV lo hayan hecho mal, el PNV lo ha hecho bien», ha zanjado.