La discoteca Moma, ubicada en la céntrica calle Rodríguez Arias 66 de Bilbo colindante con el hotel Ilunion y dos edificios residenciales, sobrepasó los límites de sonido en diez de las 16 mediciones que practicó el Ayuntamiento en el local en 2019, según ha informado la concejal de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi.

Además, la Policía Municipal registró en ese mismo año un total de 55 incidentes en el entorno del establecimiento por agresiones, riñas o altercados y ya en 2017, veintiocho vecinos presentaron un total de 190 quejas.

Arregi ha comparecido este jueves en comisión municipal junto al concejal adjunto de Movilidad y Sostenibilidad, Álvaro Pérez, a petición del PP, partido que había pedido información sobre los problemas de convivencia generados por la discoteca con los propietarios del hotel y los vecinos debido al ruido y los incidentes, y sobre las medidas adoptadas por el consistorio para solucionarlo.

En dicha comisión, el edil del PP Carlos García ha reclamado al equipo de gobierno municipal «medidas definitivas como el cierre del local» y ha asegurado que la situación resulta «insostenible y se puede perpetuar».

«El local se está riendo a la cara del consistorio y de los vecinos», ha asegurado.

La responsable de Seguridad Ciudadana ha explicado que el ayuntamiento «necesita normas que avalen sus actuaciones» y en ese marco inicia expedientes administrativos y sanciona al local, que a su vez recurre las sanciones ante los tribunales, que finalmente son los que deciden.

Tras recordar que el consistorio ya intentó cerrar la sala de forma cautelar y los tribunales lo impidieron, y resaltar que «no está prohibido que la gente permanezca en la calle», se ha mostrado partidaria de «buscar un equilibrio» entre la actividad de Moma y el derecho al descanso.

Pérez, por su parte, ha considerado que la «mejor medida» para atajar el problema es seguir con los expedientes y que «la vía judicial responda de la forma que nos gustaría».

Ha recordado que en este momento está iniciado un nuevo expediente sancionador por sobrepasar los límites de sonido y que tras imponer una sanción de dos meses y 900 euros, el local ha presentado recurso ante los tribunales y en ese momento se está a la espera de la resolución.

Ha remarcado que hasta que no se resuelva este expediente «no se puede abrir otro» y ha anunciado que está previsto que en próximas fechas se practique una prueba judicial de sonido desde una habitación del hotel.

«El fondo del asunto consiste en determinar si la normativa con los límites de sonido aplicable a las viviendas se puede exigir también en las habitaciones de un hotel», ha dicho.

EH Bildu: «Con expedientes no se resuelve el problema»

Por parte de EH Bildu, Jone Goirizelaia ha mantenido que «ha quedado claro» que con expedientes y sanciones no se resuelve el problema, por lo que ha propuesto al equipo de gobierno «hacer autocrítica» y «dar una vuelta a la normativa y a los protocolos de actuación en estos casos» e, incluso, estudiar la posibilidad de establecer que el propio ayuntamiento pueda dictar medidas cautelares.

Carmen Muñoz, de Elkarrekin Podemos, ha apostado, por su parte, por abrir un debate social sobre el modelo de ocio nocturno para la ciudad y ha recalcado que, además, de los problemas generados por la discoteca también se detecta «un problema de incivismo» en los comportamientos de algunas personas que acuden al local, y esto "concierne a toda la sociedad".