Quince de los veinte miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de expropiar carros de la compra en un supermercado Mercadona en Écija en 2012 han aceptado una pena de seis meses de cárcel sustituibles por una multa de 720 euros, mientras que otros cinco siguen con el juicio.

Según han informado fuentes del caso a Efe, el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla tenía previsto enjuiciar este miércoles a los veinte sindicalistas, pero quince de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que serán condenados por un delito de robo con violencia a medio año de prisión, que será sustituido por doce meses de multa con una cuota de dos euros diarios.

Entre estos encausados se encuentran Andrés Bódalo, exconcejal de Jaén en Común y candidato número 1 de Podemos al Congreso de los Diputados por esa provincia en las elecciones estatales de 2015, que disfruta del tercer grado penitenciario por una condena previa, o Francisco Molero, que está cumpliendo una condena de cinco años por la acción Rodea el Congreso.

También han aceptado el acuerdo Manuel Rodríguez, exdiputado de IU por Sevilla; José Caballero, secretario de Organización del SAT; y Antonio Nogales (IU), alcalde de Pedrera.

Entre los acusados que han ido a juicio, para quienes la Fiscalía y el supermercado Mercadona solicitan un año y seis meses de prisión, figura Óscar Reina, portavoz nacional del SAT, quien no ha entrado en la sala.

«No aceptamos que se hable de robo con violencia»

«El sindicato siempre ha sido pacífico y no aceptamos que se habla de robo con violencia», ha dicho Reina a los periodistas.

El único acusado que ha comparecido ante la jueza, V.J.F., ha explicado que el día de los hechos, el 7 de agosto de 2012, se quedó fuera del supermercado.

También han comparecido cinco empleados del establecimiento, la mayoría de los cuales ha coincidido en que temieron por su integridad física.

El juicio proseguirá este jueves porque los policías citados como testigos de la defensa han recibido la citación esta misma mañana y necesitaban documentarse.

El SAT alega en su defensa que entregó el contenido de los carros a una corrala ocupada en Sevilla y que se trata de una acción pública de desobediencia civil que pretendía mostrar públicamente que en Andalucía los efectos de la crisis suponen que la gente pase hambre. Los carros contenían alimentos básicos como arroz, pasta o aceite y el SAT ha abonado el coste de los mismos, unos 1.400 euros.

Esta mañana se ha realizado una concentración en apoyo a los 20 miembros de @SAT_nacional ante el juicio por la acción simbólica que se produjo en Mercadona en 2012 para denunciar y visibilizar el hambre y la pobreza en Andalucía #Absolucion20delSAT pic.twitter.com/gz1Odhp3TN

— #404 Comunicación Popular (@404comunicacion) February 12, 2020