El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha anunciado que la Diputación de Bizkaia ha abierto un expediente sancionador a la empresa Verter Recycling 2000, propietaria del vertedero de Zaldibar, por dañar elementos de la autopista AP-8 y la carretera foral N-634. El derrumbe del vertedero el pasado 6 de febrero afectó gravemente a la funcionalidad de estas vías «y, consecuentemente, se ha puesto en riesgo la seguridad vial y personas», ha afirmado en una comparecencia en las Juntas Generales.

Además, ha indicado que la personación de la Diputación como acusación particular en el proceso judicial abierto en el juzgado de Durango, que se había anunciado el miércoles, se efectuó ayer, según ha informado la Cámara foral en un comunicado.

Pradales ha detallado la actuación de los servicios forales desde que se produjo el derrumbe del vertedero en la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Cámara foral, a petición de Elkarrekin Bizkaia y PP. En la comparecencia ha estado acompañado por el director de los servicios forales de emergencia, Pedro Izaga.

El diputado ha aclarado que, en lo que tiene que ver con las infraestructuras viarias, «ningún talud se ha visto afectado» por el deslizamiento y ha recordado que se ha habilitado un bypass de dos kilómetros en la autopista que se mantendrá hasta que se garantice la seguridad de la calzada de la AP-8 en sentido hacia Donostia.

Contener los movimientos de tierra

Además, ha explicado que, junto a la autopista, se están acometiendo medidas para contener movimientos de tierra que se prevé concluir la semana próxima. Entre ellas, se encuentra la construcción de un muro de contención de ocho metros de alto por 50 de largo, por medio de 42 bloques de cantera de 45 toneladas, con un coste de 200.000 euros. Asimismo, se está instalando una pantalla dinámica antialudes de 75 metros cuadrados monte arriba, tras excavar 10.000 metros cúbicos de tierra.

Esta solución combinada permitirá, a juicio de Pradales, «ganar mayor capacidad de almacenamiento y contención en caso de deslizamiento». El deslizamiento, ha añadido, «se ha asentado en siete centímetros desde el día 6 de febrero, movimientos que los expertos consideran pequeños y lógicos». No obstante, el diputado ha advertido de que eso no supone que no siga existiendo riesgo de deslizamientos «mientras no se estabilice totalmente la masa de residuos en el vertedero», especialmente si llueve.

En relación a los servicios forales de emergencia, Pradales ha asegurado que actúan en función de las indicaciones de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno de Lakua y que su función se está limitando a ayudar en los rescates de las dos personas desaparecidas, «algo prioritario», y en extinguir los diversos incendios que se estuvieron produciendo en el vertedero.

Críticas de la oposición

A preguntas de los grupos, el diputado ha insistido en que «tanto las empresas como los trabajadores forales han cumplido escrupulosamente las medidas de higiene y seguridad, supervisadas por los servicios de prevención de riesgos».

Desde los grupos de la oposición, el juntero del PP Eduardo Andrade ha criticado la escasez de medios para encontrar a los dos trabajadores aún desaparecidos y la falta de control en el vertedero, así como la inexistencia de un protocolo de actuación para los bomberos.

En la misma línea, la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha lamentado que no hubiera la prevención suficiente en materia de salud laboral en las primeras intervenciones puesto que el personal foral estuvo expuesto a dioxinas, furanos y amianto. También ha pedido que se mejoren los protocolos de actuación interdepartamentales e interintitucionales.

EH Bildu ha criticado la gestión de la emergencia y ha pedido a la Diputación que «nos hagan llegar datos oficiales objetivos». Su apoderada Onintze Oleaga ha insistido en que «esta tragedia tiene que ser solucionada juntos».

Desde los grupos que integran el Gobierno foral, el apoderado del PSE Francisco José Fernández ha pedido que se priorice encontrar a las dos personas desaparecidas, así como garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad del agua y del aire, minimizar los riesgos y depurar responsabilidades. Por su parte, el portavoz del PNV, Jon Andoni Atutxa, ha insistido en que «la prioridad es encontrar a Alberto y Joaquín», los dos trabajadores desaparecidos.