Los letrados del Congreso se muestran contrarios a la admisión de la comisión de investigación sobre supuestas cuentas y donaciones atribuidas al rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, reiterando que, conforme a los antecedentes y la interpretación que viene haciendo el Tribunal Constitucional sobre la posición de la Jefatura del Estado, no procede su tramitación, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En su reunión de este martes, la Mesa del Congreso deberá decidir si admite o no a trámite analizar dos solicitudes para crear una comisión sobre Juan Carlos I, presentadas a raíz de conocerse que la Fiscalía suiza está realizando una investigación sobre una donación de 100 millones de dólares que se le atribuye con destino a su amiga Corinna Larsen, un dinero presuntamente vinculado con comisiones de Arabia Saudí. Esa donación corresponde a 2012, cuando aún era jefe de Estado.

Una de las peticiones fue registrada por Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Plural que comparten Junts, Compromís, Más País y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Su objetivo es investigar las presuntas cuentas irregulares de Juan Carlos de Borbón en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceros, así como determinar las consiguientes responsabilidades «civiles, éticas y políticas» del exjefe del Estado.

La otra fue promovida por Unidas Podemos, que en un primer momento iba a firmar con el PNV pero que este grupo eludió por cuestiones de agenda, por lo que se presentó con la firma también de ERC.

En su texto se habla de la «presunta comisión de, entre otros, posibles delitos de blanqueo de capitales» y se indica que «no resulta descartable que los mismos se estén ejecutando actualmente o se hubieran ejecutado con posterioridad» a la abdicación del rey emérito, que tuvo lugar en junio de 2014, momento, subrayan «en el que dejó de ser inviolable conforme al artículo 56.3 CE».

En este contexto argumentan que «el óbice formal de ser actos cometidos durante el periodo de inviolabilidad no puede ser alegado en este caso» puesto que lo que proponen es que se investigue si, tras dejar la Jefatura del Estado, ha poseído, adquirido, utilizado o transmitido «capitales de presuntas comisiones ilícitas».

El PSOE se lavó las manos

La presentación de esta iniciativa ahondó en las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Los primeros se desmarcaron de la petición y recordaron que los letrados siempre se han opuesto a calificar iniciativas de control de la Corona. «Es simplemente leerse la Constitución y saber que el Rey es inviolable», resumió la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

Como auguraba el PSOE, los letrados se han vuelto a mostrar en contra de admitir a trámite las peticiones de comisión de investigación. En su informe, los letrados repasan los antecedentes de iniciativas anteriores sobre la Corona, incluyendo la sentencia del TC sobre la declaración del Parlament contra la Monarquía, y concluyen que «no procede» tramitar ninguna de las dos comisiones de investigación.