El preso de Durango Gorka Fraile ha quedado en libertad condicional tras hacerse firme el auto dictado el pasado 27 de marzo por la Audiencia Nacional. En el mismo se establece que ha cumplido tres cuartas partes de la condena y «existe un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, según el informe de la junta de tratamiento».
El pasado mes de diciembre, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Gobierno español anunció la concesión del tercer grado a Fraile, que ya estaba en segundo y había dispuesto de varios permisos penitenciarios ordinarios. En consecuencia, desde enero estaba en el CIS de Iruñea, donde acudía únicamente a pernoctar.
En virtud de las medidas adoptadas posteriormente por la declaración de estado de alarma, no tenía que ir a dormir a la cárcel, puesto que las entradas y salidas conllevaban un claro riesgo de infección. Se trata de una medida dictada por Instituciones Penitenciarias teóricamente para todos los presos en tercer grado, aunque se está materializando caso a caso.
Ahora se ha producido el último paso, que convierte a Fraile en el primer preso de EPPK que ha conseguido completar todo el recorrido hasta la calle dentro de la batalla legal abierta por el Colectivo hace ya tres años, no sin múltiples dificultades en las diversas instancias. La Audiencia Nacional ha aceptado la libertad condicional.
Así, en las sucesivas fases de esa pelea legal Fraile logró primero pasar a segundo grado, posteriormente obtener permisos de salida, más tarde acceder al tercer grado siendo reubicado en Iruñea y, finalmente, acceder a la libertad.
Enfermo grave desde 2015
Cabe recordar, no obstante, que el represaliado durangarra ha pasado 22 años preso pese a padecer una grave enfermedad los últimos cinco años. El 25 de marzo de 2015 le diagnosticaron un carcinoma epidermoideo en el dorso de la lengua, tal como figura en el informe publicado en 2019 por Jaiki Hadi.
Además, en una situación similar a la de Fraile, con las tres cuartas partes cumplidas o por cumplir este año 2020, se encuentran otros 73 presos políticos vascos, si bien solo 28 de ellos están clasificados en segundo grado y únicamente a ocho se les han concedido permisos ordinarios de salida.