Etxerat exige actuaciones «inmediatas» en las prisiones del Estado español en este estado de alarma sanitario provocado por el coronavirus. Según ha censurado, es «evidente la falta de aplicación» de las medidas específicas recomendadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Europa, entre otros, así como la falta de respuesta a las propuestas realizadas por varias decenas de entidades y agentes sociales.

Denuncia que esto «ha llevado a una situación de abandono a las personas presas y a sus familiares» y exige al Gobierno español, y más concretamente al ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, que responda por qué no se han aplicado de manera drástica y generalizada las medidas propuestas por los organismos internacionales.

Señala que no se han tomado ni siquiera las medidas básicas de prevención y contención de la epidemia. Detalla que no se les ha facilitado los tests a todos los funcionarios y por tanto, mucho menos a la población recluída, que supera actualmente las 60.000 personas. De ellas, 199 son presos y presas políticas vascas. La lista de presos y presas con enfermedades graves e incurables la conforman 17 personas, hay 11 que superan los 65 años –dos de ellos mayores de 70 años– y cuatro niños se encuentran encarcelados con sus madres.

Etxerat apunta que tampoco se les ha repartido guantes ni mascarillas a las presas y presos y no se les ha dotado de ningún elemento de prevención. En cuanto a los de desinfección, denuncia que no solamente no se les ha proporcionado sino que, en ocasiones, está prohibido.

«Sabemos que el Ejército ha desinfectado algunos centros, pero las personas presas no tienen acceso a la profilaxis que exige la situación y más teniendo en cuenta que siguen obligadas a concentrarse en espacios comunes como los comedores», advierte Etxerat

Asimismo, remarca que no se ha reforzado el personal sanitario en las prisiones y que no se ha corregido el déficit sanitario que existía en algunos centros penitenciarios.

Falta de información y dificultades para contactar

Constatan la falta de información sobre el avance de la pandemia en las cárceles. Las cifras oficiales de personas presas infectadas «es residual, cuando en el caso de los funcionarios de prisiones los casos registrados se cuentan ya por centenares».

«Sabemos que periódicamente se dan una serie de datos sobre el número de presos y de funcionarios afectados, de un modo u otro, por la pandemia, pero entendemos que se minimizan, cuando no ocultan, para esconder la situación real, que solo podemos calificar de alarmante», apunta Etxerat en una nota de prensa.

Denuncia que no se ha excarcelado a la población recluida preventiva, con condenas cortas, en tercer grado, gravemente enferma y mayores de 65 años. De igual forma, no se han garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para mantener el vínculo afectivo y evitar las consecuencias de la angustia y la desinformación.

A su vez, censura la dificultad que están teniendo los presos y las presas políticas vascas a la hora de lograr la autorización para hacer videollamadas.

Derecho a la información

Etxerat exige al Gobierno de Pedro Sánchez que ofrezca explicaciones sobre las medidas de prevención se han activado para evitar la expansión de la pandemia en las prisiones así como qué medios se van a activar, hasta que puedan restaurarse las comunicaciones ordinarias y extraordinarias, para garantizar la vida familiar de las personas encarceladas.

«Entendemos que nosotras y nosotros, como familiares de presos, tenemos derecho a esa información, a saber cómo se está actuando con la salud de nuestros familiares y cuál es el plan asistencial, si es que lo hay, para los casos de enfermedad y contagio. Pero entendemos que esta preocupación no es únicamente nuestra y que, por la responsabilidad que les corresponde, afecta también a la sociedad en general, a sus agentes políticos, sociales y sindicales, y a sus instituciones», concluye la asociación de familiares y allegados de presos y presas vascas.