Un total de 17 asociaciones han hecho llegar a Instituciones Penitenciarias una petición para que lleve a cabo «un plan de desescalada en las cárceles que garantice el cumplimiento de los derechos humanos».

Los colectivos firmantes, entre quienes figuran Sare, Etxerat, Salhaketa y Altsasu Gurasoak, critican que «aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios».

Sostienen que «es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’».

El documento, titulado ‘Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado’, recoge medidas como el «mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción reclusa».

Remarcan que es urgente que, de forma generalizada, «se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias par apersonas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 62 años, mujeres embarazadas, madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas».

En esa línea, al igual que numerosas organizaciones internacionales, reclaman que se produzcan, «progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento, así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena».

«Proceso de normalización»

Por otro lado, consideran imprescindible «reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión». Piden asimismo el restablecimiento de los permisos y salidas programadas «dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más beneficios penitenciarios». Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el «mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento».

De igual modo, apuntan que «es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión».

Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que «se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios» y que «se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas personas que vayan a visitar a centros penitenciarios».

Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un «estudio de medidas para compensar el tempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo».

De la misma manera, han solicitado que se lleve a cabo un «estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente a la Covid-19».