El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido este miércoles a Cuba en su lista de países que «no cooperan completamente» con los «esfuerzos antiterroristas de EEUU», una medida que prohíbe la venta de armas a esa nación y que Washington también aplica a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria.

Esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado desde 2015, cuando el Gobierno del entonces presidente estadounidense, Barack Obama, retiró a la isla de su lista de «Estados patrocinadores del terrorismo» en el contexto del proceso de deshielo bilateral.

El anuncio llega en un momento de fuertes tensiones entre EEUU y Cuba, y después de varios meses de amenazas de la Casa Blanca sobre una posible inclusión de Cuba en la lista de «estados patrocinadores del terrorismo» que elabora anualmente el Departamento de Estado, y para la que la medida podría ser un paso más.

Negociadores del ELN

La justificación que citó el Departamento de Estado para incluir a Cuba en la lista tiene que ver con la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que viajaron allí para negociaciones de paz y «seguían en Cuba en 2019».

«Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la petición de Colombia de extraditar a diez líderes del ELN que vivían en La Habana después de que el grupo reivindicara el ataque de 2019 contra una academia de policía en Bogotá, que mató a 22 personas e hirió a más de 60» señaló el Departamento de Estado.

EEUU apela a su «alianza de seguridad duradera con Colombia» y al combaten común contra organizaciones como el ELN, para explicar que «la negativa de Cuba a negociar productivamente con el Gobierno colombiano demuestra que no cooperan con EEUU para apoyar a Colombia».

El Departamento de Estado también señala que Cuba «da refugio a varios fugitivos de la Justicia (estadounidense) requeridos por cargos de violencia política», y cita como ejemplo a Joanne Chesimard, (Assata Shakur), activista de los Panteras Negras, buscada por el FBI y asilada política en Cuba desde 1984.

Ametrallamiento de la embajada cubana

La decisión se produce además dos semanas después que la embajada cubana en Estados Unidos fuera tiroteada, en una acción que el Gobierno cubano calificó como un «ataque terrorista».

El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció el «silencio cómplice» de EEUU, que no ha hecho «ninguna declaración de condena ni de rechazo» sobre el ataque del pasado 30 de abril, que no causó víctimas. En la embajada se encontraban diez funcionarios que resultaron ilesos. El ataque sí provocó daños en las instalaciones diplomáticas. 

Para Rodríguez el atentado es resultado directo de la «política de instigación al odio y violencia contra Cuba» y no se puede separar de la política estadounidense ni de los discursos agresivos por parte de sus políticos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, indicó que el país espera una respuesta y que Cuba no olvida la «larga historia de terrorismo» contra sus diplomáticos, al tiempo que ha recordado que su país «salva vidas» y «repudia la violencia y la muerte».

El Gobierno estadounidense se ha limitado a señalar que investiga el caso de forma «transparente».

Un hombre de origen cubano identificado como Alexander Alazo y residente en Texas fue detenido por las autoridades locales en el lugar del ataque y fue puesto bajo custodia.