La asociación GuraSOS ha indicado que los responsables de la incineradora de Zubieta impidieron la entrada en primera instancia a inspectores de URA que el pasado sábado día 9 de mayo acudieron a dichas instalaciones con el fin de «inspeccionar en caliente» las causas de la muerte de los peces del río Arkaitzerreka. «Respondiendo a gestiones posteriores el inspector tuvo finalmente acceso al interior del edificio», añade.

La asociación exige por estos hechos la dimisión del diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, y pide explicaciones al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano. Además, apunta que la nota de GHK, lejos de zanjar el asunto, abre interrogantes acusadores sobre el desarrollo del proyecto y sus responsables. 

La información de la que dispone GuraSOS es una versión «coincidente de fuentes diferentes, todas ellas de la máxima solvencia», remarca. Según dichas fuentes, un guarda forestal de la Diputación Foral de Gipuzkoa y un inspector de la Agencia Vasca del Agua (URA) se personaron en las instalaciones de la incineradora de Zubieta a primera hora de la tarde de aquel sábado.

La actuación inspectora se había activado tras una llamada al servicio de emergencias 112, a través de la cual un vecino de la zona informó de la aparición de decenas de peces muertos en el arroyo Arkaitzerreka de Zubieta, aguas abajo de la incineradora.

«Una vez personados los funcionarios debidamente identificados en el acceso a la incineradora, un guarda de seguridad de dicha instalación les impidió el paso y comunicó inmediatamente vía telefónica a responsables de la incineradora de la presencia de los inspectores y su pretensión de acceder a las instalaciones a fin de investigar y esclarecer las causas del suceso. Los responsables decidieron denegar el acceso a los inspectores, lo que comunicaron telefónicamente al guarda de seguridad, quien siguiendo esas órdenes impidió el paso del inspector y del guarda forestal que le acompañaba», relata GuraSOS.

Obstaculización de la «inspección en caliente»

GuraSOS denuncia que esta decisión supuso un retraso y obstaculización de la «inspección en caliente»  que pretendían llevar a cabo los investigadores del vertido, «toda vez que en estos casos la celeridad es imprescindible para evitar que se modifiquen, diluyan o desaparezcan las evidencias que pudieran facilitar el esclarecimiento de los hechos».

Según la información de la que dispone la asociación, el inspector pudo finalmente acceder al interior del recinto de la incineradora, aunque después de una larga espera. Por el momento se desconocen los motivos de los responsables de las instalaciones para cambiar la actitud inicial, así como las gestiones concretas que pudo realizar el inspector en el interior de aquellas.

«Abiertamente ilegal»

Tal y como remarca GuraSOS, la negativa de los responsables de la incineradora a dar acceso a la labor inspectora es «abiertamente ilegal». De hecho, la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación tipifica como infracción grave «retrasar u obstruir la actividad de inspección y control», imponiendo para esos casos una sanción económica entre 20.000 y 200.000 euros y la clausura de la instalación hasta dos años.

La asociación exige que se lleve a cabo una investigación externa e independiente que esclarezca lo sucedido y la situación de ilegalidad ambiental y contractual en que está operando la incineradora, así como la clausura cautelar inmediata de la misma por la Viceconsejería de Medio Ambiente.

«¿Cuantas más desgracias tienen que ocurrir para reconocer que el modelo de gestión privada elegido no garantiza nuestra seguridad y el medio ambiente y de que estamos ante una actividad peligrosa y contaminante incompatible con estos tiempos?», pregunta, y recuerda que se trata del segundo accidente grave ocurrido antes de haberse puesto en marcha la actividad «que se vendió como hipersegura y moderna». El anterior fue la explosión del transformador principal el 11 de junio de 2019 cuando se construyó y se puso en marcha sin contar con la autorización de industria.