Según ha señalado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el seminario web «Conversaciones EsadeEcpol: El Ingreso Mínimo Vital y la política social del Gobierno en tiempos de pandemia», organizado por ESADE, la intención es que la ayuda llegue «muy rápidamente» al máximo de hogares posibles.

En cuanto al simulador, que se puso en marcha el 1 de junio a las 17.00, ya había recibido 937.000 consultas a las 14.00 de ayer para esta ayuda que podrá empezar a pedirse el próximo día 15 de junio.

El ministro ha avanzado que este mismo mes de junio «unas 200.000 personas o más» podrían cobrarlo en el marco del reconocimiento de oficio que el Gobierno espñaol va a realizar a hogares ya identificado como especialmemte vulnerables.

Escrivá ha reconocido que siempre se dan situaciones de gente que no pide estas ayudas, aunque las necesiten, pero que espera que esos casos sean menos del 20% del objetivo de 850.000 hogares.

También ha señalado que esperan sinergias con la puesta en marcha de este IMV vía reducción de otras prestaciones como la de hijo a cargo, con un coste anual de 600 millones, o del coste de las rentas que mantienen las comunidades autonómicas.

Tarjeta social digital

Escrivá también ha apuntado algunas de las medidas que lleva a aparejada la puesta en marcha del IMV, como es el caso de la tarjeta social digital que servirán para evitar el fraude y hacer aflorar economía sumergida.

Esta tarjeta, recogida en los Presupuestos de 2018, se ha retomado en la normativa sobre la IMV publicada el pasado lunes en el BOE.

En ella se incluirá «la información actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido económico, financiadas con cargo a recursos de carácter público».

La gestión de estos datos, detalla la norma, será del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Escrivá también ha recordado que hay aspectos del IMV, como el detalle de los itinerarios de inclusión, una mayor segmentación en tipologías de hogares o las compatibilidades con salarios, que requerirán desarrollos reglamentarios posteriores en colaboración con otras administraciones, así como con agentes sociales y el tercer sector.

El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30% son menores.

«Anillo de seguridad complementario»

Preguntado por la diferencia entre los 3.000 millones que prevé el Gobierno español que va a costar esta prestación, con respecto a los 5.500 millones que estimó la AIReF, Escrivá ha precisado que el Gobierno se ha puesto una «restricción» de 3.000 millones de euros en el corto plazo y después ha ido desagregando ese gasto. Además, ha explicado esta diferencia indicando que ahora han trabajado con una información «infinitamente más rica y más precisa», no solo con los datos de renta de los españoles, sino también con el patrimonio y jugando con la tipología de hogar.

En cuanto a posibles «solapamientos» con las prestaciones autonómicas, ha recordado que estas son «soberanas» para decidir si mantienen su renta mínima o si añaden un suplemento a algún tipo de hogares o a algunos colectivos que se han quedado fuera por alguna razón. Según ha dicho Escrivá, las comunidades autonómicas son «el último anillo de seguridad complemetario».