La nota enviada desde Lakua este viernes señala que, a partir del deslizamiento de tierras registrado el 6 de febrero, «y ante la incapacidad de la empresa para llevarlas a cabo, el Gobierno Vasco asumió de forma urgente y subsidiaria la dirección, contratación y ejecución de todas las labores de estabilización y control del vertedero, que permitieran minimizar el riesgo para el entorno y el medio ambiente y, principalmente, posibilitar la búsqueda de los trabajadores con plena seguridad».

Añade que la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, ha firmado este viernes una resolución en la que se insta a la empresa «a satisfacer en su calidad de operador de la instalación los gastos generados, el abono de los costes asociados a las medidas provisionales ejecutadas de forma directa y hasta la fecha por la Administración General del País Vasco».

Se trata de un primer bloque de facturas relativas a medidas ya ejecutadas y pagadas a fecha 1 de junio cuya cuantía asciende, según se indica en la resolución, a 3.420.988,71 euros (IVA incluido). Explica que «en su mayor parte tienen que ver con la estabilización del deslizamiento y la creación de taludes seguros para posibilitar la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos, la apertura de accesos a los diferentes puntos de trabajo urgentes, el control del impacto medioambiental y a la salud de la ciudadanía, el control y extinción del incendio a través de maquinaria pesada y con la colaboración de medios aéreos, la ejecución de depósitos de seguridad para los residuos o el diseño de la red de control de aguas subterráneas».

La nota de Lakua subraya que «la actuación urgente del Gobierno Vasco en el vertedero de Zaldibar se acordó mediante una orden del consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda el pasado 13 de febrero. En esta fase de urgencia y hasta la fecha, Medio Ambiente ha llevado a cabo trabajos en el vertedero por valor de más de nueve millones de euros».

«La resolución –concluye la nota– se ha comunicado igualmente a los departamentos de Seguridad, Trabajo y Justicia y Salud del Gobierno Vasco, a la Agencia Vasca del Agua-URA y al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa-Gipuzkoako Urak, a la compañía de seguros con quien el operador tiene suscrito un seguro de responsabilidad medioambiental y civil por contaminación derivada de la actividad del vertedero de residuos no peligrosos, así como al Juzgado de instrucción de Durango y al Ministerio Fiscal».