![Imagen de archivo de la matanza de la UCA. (NAIZ)](/media/asset_publics/resources/000/710/132/article_main_landscape/Matanza-UCA.jpg)
En la primera sesión de la vista oral, dedicada a las cuestiones previas, el tribunal ha accedido a la petición de la defensa de Yusshy Mendoza de declarar extinguida la responsabilidad penal del exteniente salvadoreño y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los homicidios, cuya condición pasa ahora a ser la de testigo.
Con esta decisión, Montano se queda como el único acusado en este procedimiento, en el que se enfrenta a 150 años de prisión por la muerte de esos cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación.
La petición fiscal para Montano contrastaba con la de Yusshy Mendoza, pues la Fiscalía solo reclamaba una pena de un año por cada uno de los cinco jesuitas, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño, en correspondencia a su «muy» activa colaboración con la Justicia.
Pero eso ya no será así tras la decisión del tribunal, que ha sido previamente respaldada por todas las partes tras la petición de la defensa de Yusshy, que ha recordado que su cliente ya fue encarcelado en el país centroamericano hasta 1993 cuando la Ley de Amnistía le puso en libertad.
Prescripción
El letrado ha explicado que «el plazo de prescripción vence a los 20 años» y que contra Yusshy «no se dirigió el procesamiento hasta 2011» sin que previamente existiera querella, denuncia o escrito de parte contra él, además de mencionar que los jesuitas salvadoreños y el actual rector de la UCA destacan su colaboración estos años.
La Fiscalía ha reconocido que «ya han pasado sobradamente esos 20 años» y que, por tanto, «procede declarar prescritos los delitos» mientras que las acusaciones se han adherido a ella no sin antes subrayar que Yusshy «está reinsertado, tiene trabajo, no ha vuelto a delinquir, desde 2012 mostró su arrepentimiento y gracias a su colaboración se tienen elementos probatorios». Y además, han precisado, «pidió y recibió perdón». Yusshy, que ha seguido la sesión desde el Consulado, pasa a ser testigo y declarará el próximo 7 de julio de forma presencial.
Ahora, el juicio se reanudará el miércoles a las 10.00 horas con la declaración del ya septuagenario Montano, en prisión provisional desde 2017, que se queda como único acusado en el procedimiento.
De hecho, la nueva condición de testigo de Yusshy dibuja un nuevo panorama en el devenir del juicio toda vez que su interrogatorio, ahora obligado a decir la verdad, se antoja clave contra Montano.
El excoronel es el único procesado puesto a disposición de la Justicia española -fue entregado por EEUU el 29 de noviembre de 2017-, después de que las autoridades salvadoreñas denegaran las órdenes de extradición contra una veintena de exmilitares, acusados de «participar en el diseño y ejecución de los asesinatos».
Matar al intermediario
Según el relato de la fiscalía, el año 1989, cuando se produjo el crimen, «fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador» al alterar los resultados de las elecciones «de forma irrevocable el panorama político del país».
En esta situación, «los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo» para negociar una salida dialogada al conflicto armado.
Según la Fiscalía, el sacerdote vasco «era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes», lo que lo convirtió en «objetivo de los militantes de la extrema derecha», que culpaban a la Iglesia de formar parte «de una conspiración comunista internacional».
En este contexto, el 15 de noviembre, «el alto mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona (una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del Ejército y del Gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas».
Montano permaneció dos años detenido en EEUU hasta su entrega al Estado español el 29 de noviembre de 2017 y, tras comparecer ante el juez en silla de ruedas y alegar motivos de salud para evitar ir a la cárcel, se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.
El tribunal especial español procesó a una veintena de exmilitares salvadoreños por la matanza de jesuitas, pero las autoridades de ese país ignoraron las órdenes de extradición, por lo que hasta ahora Montano, al haber sido detenido en EEUU, es el único que ha podido ser puesto a disposición de la Justicia española.
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