![Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, a las puertas de la Audiencia Nacional. (J. DANAE/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/711/018/article_main_landscape/billy-nino.jpg)
Once días después de la muerte del conocido torturador franquista Antonio González Pacheco, apodado ‘Billy el Niño’, fallecido el pasado 7 de mayo con coronavirus, los dos partidos que integran el Gobierno español registraron la iniciativa para retirarle las condecoraciones reiterando un compromiso que habían anunciado en su acuerdo de coalición.
El texto se debatió en el Pleno este miércoles y se ha aprobado este jueves con apoyo de Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, BNG. Vox se ha opuesto por considerar que la petición abunda en un «absurdo revisionismo histórico» y el PP ha optado por la abstención, salvo en el caso de Adolfo Suárez Illana, que ha roto la disciplina de voto de su partido para alinearse con Vox.
El propio diputado, secretario cuarto de la Mesa del Congreso, ha confirmado su decisión de abstenerse «en conciencia» y ha argumentado después que ha decidido no seguir la consigna de su grupo parlamentario por considerar que se trataba de una proposición «tramposa y engañosa, en la que tras el parapeto de hechos lamentables, manipulando los sentimientos de los españoles, se pretende hacer saltar la Constitución».
«Comprenderán que personalmente no puedo avalar un atropello semejante, una trampa de estas características y con una capacidad destructiva de la escasa concordia que lamentablemente nos queda ya en España», ha señalado Suárez Illana en un comunicado.
Incluso a título póstumo
Como se encargaron de criticar algunos grupos durante el debate, el texto avalado por la Cámara no tiene efectos legales, más allá del recordatorio.
La propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ya confirmó en mayo en el Senado que el Ejecutivo seguía con sus planes de quitar los honores a ‘Billy el Niño’ y el Congreso tiene pendiente de debate una reforma legal del PSOE que ya incluye un punto para dar respaldo legal a esa decisión y poder aplicarla.
En concreto, esa proposición de ley incluye en su artículo 12 el mecanismo para retirar las condecoraciones previstas para la Policía en virtud de la Ley 5/1964 y, en el caso de la Guardia Civil, de la Ley 19/1976. «Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de estas leyes podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil», recoge el texto, que sigue pendiente de tramitación.
Pero como aún no hay fecha para que esa ley empiece a debatirse en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos optaron por renovar su compromiso de actuar en este sentido con el registro de la proposición no de ley aprobada este jueves y que, en realidad, no hace más que instar al Gobierno a tomar medidas para hacer efectivo lo que ya incluyeron en su acuerdo para gobernar en coalición.
En concreto, la Cámara urge al Gobierno a revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que hubiesen «realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los Derechos Humanos, incluso a título póstumo», y en particular las condecoraciones de ‘Billy el Niño’, imputado por delitos de torturas y lesa humanidad en la causa criminal seguida en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires (Argentina).
Según apuntan PSOE y Unidas Podemos en su iniciativa, todavía se está pagando «el importe de 115 medallas policiales concedidas antes de 1979 a agentes de policía de la dictadura franquista».
Títulos honoríficos y nobiliarios
La proposición insta también al Ejecutivo español a que se consideren «contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o función a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión» formaran parte del aparato de represión de la dictadura franquista.
Este punto fue enmendado por Ciudadanos con el fin de puntualizar que no bastara con haber integrado ese aparato represivo para ver cuestionadas esas condecoraciones, sino que se considerasen contrarias a la memoria democrática solo las concedidas a quienes, formando parte del mismo, «hubiesen realizado actos o observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de la protección de los Derechos Humanos».
Además, el texto aprobado mandata al Ejecutivo a adoptar las iniciativas normativas precisas «para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión».
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