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El Parlamento de Nafarroa insta a revocar las condecoraciones a Billy el Niño y a otros franquistas

La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una declaración institucional por la que el Parlamento de Nafarroa se suma al Congreso para instar al Gobierno español a revocar las condecoraciones y recompensas a funcionarios y autoridades franquistas «con conductas incompatibles con los valores democráticos», en particular al ya fallecido Billy el Niño.

Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, a las puertas de la Audiencia Nacional. (J. DANAE/FOKU)
Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, a las puertas de la Audiencia Nacional. (J. DANAE/FOKU)

Geroa Bai presentó en el Parlamento de Nafarroa una declaración institucional para que se debatiera y votara este lunes en la Junta de Portavoces y se sumara a la iniciativa tramitada en el Congreso. Es una iniciativa que busca retirar las condecoraciones al inspector franquista Antonio González Pacheco, Billy el Niño, protagonista de brutales torturas y fallecido el pasado mes de mayo.

La declaración institucional aprobada este lunes indica que el Parlamento de Nafarroa se suma al Congreso de Diputados para instar al Gobierno español a «revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos. La revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo cuando la persona condecorada ya hubiera fallecido. En todo caso, la revocación determinará la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los económicos, a partir de la notificación de la resolución que la declare».
 
«En particular –sigue el acuerdo– se revocarán las condecoraciones otorgadas a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, exinspector del régimen franquista imputado en su día por delitos de torturas y lesa humanidad en la causa criminal 4591/10 seguida en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires (Argentina)».
 
El acuerdo considera «contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o función a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».
 
Por ello pide «adoptar las iniciativas normativas precisas para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, para su supresión».

Las reacciones

En conferencia de prensa tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha calificado la postura de los representantes de UPN en el Congreso en relación a este asunto como «una vergüenza y una gran afrenta a las personas que sufrieron estos delitos de tortura y lesa humanidad»

Mikel Buil, de Podemos, ha señalado que tanto el rey emérito, sobre el que este lunes se ha aprobado otra declaración, como Billy el Niño «representan una historia pasada de nuestro país», pero a su juicio se deberá estar «vigilantes» para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, se ha mostrado a favor de «quitar determinadas medallas a un torturador franquista, ya que la base de la democracia no puede estar sustentada en este tipo de personajes que lo que han hecho es ir contra la propia democracia de este país».

En cambio, Javier Esparza, de Na+, ha considerado que ésta es una declaración «que viene a destiempo y que tiene un interés político claro, porque ya se aprobó en el Congreso». Ha añadido que se intenta utilizar la declaración «como arma arrojadiza para hacer un debate político» y que esta decisión la podía haber adoptado el Gobierno, ya que es de su competencia, pero «al parecer no era prioritario para ellos. En UPN hemos condenado la dictadura desde siempre, al igual que los ataques a los derechos humanos».