Garbiñe Aranburu ha afirmado que, si tras el 12J «sale el mismo Gobierno, no harán falta 100 días de confianza para saber que será un Ejecutivo que defienda los intereses de las élites económicas» porque, tras las decisiones políticas adoptadas durante la pandemia, «ha quedado claro que la defensa de los trabajadores no está en la agenda de este Ejecutivo».

Aranburu ha hecho estas afirmaciones durante una comparecencia en la sede del sindicato en Bilbo junto al secretario de Dinamización de LAB, Dabid Lizarralde, para proponer un cambio en las políticas públicas tras las elecciones.

Ha señalado también que hay que «llevar la lucha y la reivindicación en favor del cambio social a las instituciones y son los trabajadores quienes tienen con su voto que impulsar ese cambio, también en las instituciones». En su opinión, en esos comicios «toca elegir entre seguir gobernando para defender los intereses de una élite económica o defender los intereses de una mayoría social».

En ese sentido, la máxima responsables del sindicato abertzale ha indicado que «ante la nueva crisis económica y social, los trabajadores no están para que se repita el guión de la crisis de 2008», por lo que ha llamado a «construir una alternativa de izquierdas y soberanista, a las puertas de unas nuevas elecciones, donde toca elegir entre capital o vida».

Concretamente, ha señalado que, «si se fija la mirada en las políticas públicas que se han desarrollado en la anterior crisis o las decisiones políticas que se han adoptado a lo largo de la pandemia, está claro que la defensa de los trabajadores no está en la agenda de este Gobierno que preside Urkullu».

Desde su punto de vista, «en una situación como la actual, cualquier Gobierno que quiera proteger a la ciudadanía debe hablar de un reparto más equitativo de la riqueza».

Por ello, ha pedido «abrir el debate para una nueva política fiscal», para la que el sindicato ya ha hecho llegar a las diputaciones «cuatro medidas muy concretas, que no han sido respondidas de manera oficial». «Pero el señor lehendakari ha sido tajante en esta cuestión: no es momento de hablar de rediseñar el IRPF o del Impuesto de Sociedades porque no es momento de que pague quien más tiene y de subir impuestos a las empresas con beneficios», ha censurado.

Nuevo estatus

Para Aranburu, es «así cómo entiende el autogobierno el PNV, aprovecharse de todas las ventajas del concierto económico para proteger a las grandes empresas, reducir la capacidad de decidir a mantener el negocio de unos pocos, renunciando a avanzar hacia un nuevo estatus político y jurídico con derecho a decidir», ha enumerado.

A su vez, ha añadido, «al mismo tiempo que se renuncia a ampliar el marco competencial, se utiliza como excusa la falta de competencias para establecer una pensión mínima o un salario mínimo», cuando desde la perspectiva de LAB «el problema no son las competencias, el problema es que falta voluntad política para abordar cuestiones que supongan mejorar la vida de las personas».

En este punto ha indicado que «no hablar de fiscalidad es igual a hablar de recortes» y «está claro que, con este Gobierno, no se van a reforzar los servicios públicos ni en Sanidad, ni en Educación ni tampoco se creará un sistema público de cuidados».

A juicio de la secretaria general de LAB, «un Gobierno que está para defender los intereses de una élite económica no apuesta por un empleo digno». Tras trasladar sus propuestas para abordar la cuestión del empleo y reunirse con representantes del Gobierno de Lakua, más allá de buenas palabras, han sacado la conclusión de que «no hay ningún plan para dar una respuesta integral a la problemática del empleo».