El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto enviar a juicio a toda la familia Pujol Ferrusola bajo la acusación de formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas.

Según ha explicado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, los Pujol «aprovecharon su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas para acumular un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el magistrado considera que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En la resolución, el juez procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las presuntas actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.
   
Según el juez, parte de esas actividades corruptas coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Catalunya que ostentó Jordi Pujol Soley entre 1980 y 2003.

El origen de los fondos

La procedencia de dicho patrimonio, señala De la Mata, proviene de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien, incide, no existen indicios sólidos que acreditan que proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente del abuelo Florensi Pujol Brugat.

«A lo largo de la investigación no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular», insiste.

De la Mata añade que, «paradójicamente, los investigados niegan tener conocimiento» del lugar donde estuvo esta herencia, las entidades bancarias donde estuvo depositada, cuándo y cómo llegó a Andorra, y en qué productos estuvo invertida.

Por el contrario, De la Mata sostiene que el origen de los fondos está en «los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales».

«Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán», añade el juez de la AN.

Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales.

Señala que estos pagos se hacían simulando supuestos contratos de asesoramientos por operaciones no acreditadas o añadiéndolos de forma irregular al coste de operaciones reales. 

Reparto de tareas

De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Llados quien, de hecho, se autodenominaba la «madre superiora de la congregación». Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba Jordi Pujol Ferrusola («el capellán de la parroquia»), quien asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos.

Según el juez, el resto de los hermanos, al margen de su participación individual en determinadas operaciones, seguían las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos por aquel y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito. 

Otras personas, por último, «colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones».

Organización criminal

El instructor explica que en este caso se cumplen los requisitos doctrinales del delito de «organización criminal con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014».

Esta organización criminal, concluye el juez, tenía finalidad claramente ilícita: «obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas».

Además, De la Mata sostiene que «es claro que todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta».