Por fin los jefes de Estado y de Gobierno cerraron el acuerdo sobre el famoso fondo de recuperación. Como suele ser habitual en estos casos, nada más terminar la reunión, los firmantes de la componenda se apresuraron a hacer una valoración positiva antes de que se conocieran todos los detalles de lo acordado. Al mismo tiempo, aprovecharon esas declaraciones de urgencia para resaltar que habían ganado con el acuerdo; todos ellos, sin excepción. Las cumbres europeas son uno de esos extraños partidos que nadie pierde.

Lo cierto es que el acuerdo es un gran galimatías en el que, además de aprobar el famoso fondo de recuperación con sus transferencias a fondo perdido, han modificado bastantes cosas más. Así, han reducido un poco el presupuesto para los próximos siete años, recortando por ejemplo, los fondos de la Política Agraria Común y del Pacto Verde Europeo. Asimismo, hay un capítulo de condiciones que para no herir sensibilidades se incluirán en las actuales Recomendaciones Específicas por País (CSR, en inglés), que se establecen durante el semestre europeo y que en el caso español suelen hacer referencia a la sostenibilidad de las pensiones, inversiones sociales, reforma de la educación o la inversión en transición verde y digital. Hasta un «freno de emergencia» han inventado para embridar a los socios que no cumplan los compromisos adquiridos. Da la impresión de que el capítulo de los condicionantes para poder gastar esos recursos ha sido elaborado al detalle, tanto que incluso la ministra española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, los justificaba como «lógicos» y añadía –para quitar hierro al asunto– que estaban «muy alineados» con la agenda del Gobierno. Traducido a lenguaje coloquial: otra vuelta de tuerca a la agenda neoliberal.

Por si alguien tiene dudas de si todo esto significa más o menos Unión Europea, los contribuyentes netos han logrado una rebaja sustancial de su aportación al presupuesto común.