El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el 1 de julio una serie de recomendaciones que actualizan las Reglas Europeas de Prisiones de 2006. Entre ellas se destaca que los presos «serán asignados a las cárceles cercanas a sus hogares», se les «consultará sobre su asignación inicial y cualquier traslado posterior de una prisión a otra», se establece el derecho a solicitar y elegir destino de trabajo con la vista puesta en su excarcelación, y se apunta que el aislamiento solo cabe en «circunstancias excepcionales» y por «un periodo específico». De los 47 estados miembros solo Dinamarca se ha reservado el derecho a no cumplir alguno de estos principios, a los cuales ni el Estado español ni el francés opusieron razón alguna. La abogada Onintza Ostolaza y el portavoz de Etxerat Urtzi Errazkin valoran en entrevista a GARA el alcance de estas recomendaciones en el contexto actual.

Entre las recomendaciones del Consejo de Europa se recoge el derecho de los presos a solicitar un destino de trabajo o actividades de formación y se remarca su importancia de cara a la excarcelación. ¿Cuál es la situación actual?

Onintza OSTOLAZA: Algunos de los principios generales que se recogen en esta actualización de las Reglas Europeas de Prisiones, como ese derecho a solicitar un destino de trabajo de naturaleza útil, ya se recogen en la legislación penitenciaria española, pero estamos muy lejos de su cumplimiento porque la mayoría de presos políticos vascos siguen en primer grado, lo que restringe el derecho a actividades y a tener un trabajo. De los 198 presos que hay en cárceles españolas, 154 están clasificados en primer grado; de ellos, 111 están con las restricciones propias del primer grado y según qué prisión pueden ir al polideportivo, hacer algún taller y tener destinos de trabajo relacionados con la vida en la cárcel, es decir, con la limpieza de zonas o reparto de comidas.

El resto, 43, están con el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, por lo que en teoría pueden acceder a todas las actividades que corresponden a un segundo grado. Es un pequeño paso hacia ese segundo grado pero tenemos presos que llevan un año con el 100.2 y no terminan de pasar al segundo por lo que siguen sin poder acceder a permisos ni progresar a un tercer grado. Esa es la trampa.

Muchos presos han pedido un destino de trabajo para poder progresar de grado y tener una actividad o formación de cara a su salida. Estas recomendaciones hacen hincapié en la «naturaleza útil» del trabajo y en que este «mantenga o aumente la capacidad de los prisioneros de ganarse la vida después de la liberación». Pero la realidad es otra. Aunque algunos trabajos son remunerados y al preso le permiten cotizar a la Seguridad Social, esta es mínima, hasta el punto de que algunos tienen que elegir entre seguir cotizando a la Seguridad Social en prisión y tener una prestación por desempleo en la calle o dejar de trabajar y acceder al subsidio por excarcelación.

¿Qué consecuencias prácticas tendría la aplicación de todas estas recomendaciones?

O.O: Si se aplicaran, todo preso, tanto social como político, debería de estar en un centro penitenciario cercano a su domicilio. Que estén en Euskal Herria es una necesidad urgente y de sentido común en las circunstancias actuales y, por supuesto, una cuestión de derechos humanos. El informe de Salud Pública del Gobierno de Lakua también pide que cada preso esté en su comunidad autónoma. Mantener el alejamiento es insostenible. Las recomendaciones del Consejo de Europa también recogen que el primer grado, el aislamiento, las situaciones más restrictivas... tienen que tener una temporalidad y un control permanente. El primer grado debería desaparecer del sistema penitenciario porque es inhumano. Pedimos que todos estén en segundo grado, que tengan acceso a actividades, a un empleo, a una formación… en aras a poder acceder a permisos, terceros grados...

¿Cómo valoran esta revisión de las Reglas Europeas de Prisiones y los diferentes pronunciamientos contra el alejamiento?

Urtzi ERRAZKIN: La gran mayoría de la sociedad vasca –sindicatos, ayuntamientos, instituciones...–, los gobiernos de Lakua y Nafarroa, la Generalitat… hacen suyas las reivindicaciones de los familiares y las han planteado al Gobierno español. Bruselas también se ha pronunciado contra el alejamiento, tenemos estas nuevas recomendaciones…. Todo esto nos ayuda a coger fuerza, pero nos topamos con el mismo muro de siempre, el Gobierno español. ¿Qué más hay que hacer?
Hace dos años, Pedro Sánchez dijo que iba a cambiar la política penitenciaria y se iba a acabar la política de dispersión, pero más del 50% de los presos políticos vascos sigue a entre 600 y 1.500 kilómetros de distancia. Ha habido acercamientos y algún que otro tercer grado, pero a esta velocidad en dos años seguiremos hablando de dispersión. Eso no se puede aceptar. Estos acercamientos para nosotros no dejan de ser traslados que atenúan el sufrimiento. Cuando un preso es llevado a Soria, indudablemente el sufrimiento disminuye un montón para esa familia y ese preso. La pregunta que nos hacemos es por qué ese preso es llevado a Soria y no a Zaballa, cuando todas las recomendaciones van en la línea de que los presos deben estar lo más cerca posible de su entorno. ¿Cuál es la verdadera razón para que ese preso siga en Soria?

O.O: Estamos llegando al límite y en ese sentido creo que se abre una ventana a la esperanza. Los familiares están en un punto de desesperación porque llevan seis meses sin poder abrazarlos, un centenar de niños aún no ha podido ver a su aita o a su ama en prisión… El sufrimiento está llegando a su punto máximo, pero al mismo tiempo se están creando oportunidades porque esta política penitenciaria ya no se sustenta. Antes se justificaba por la lucha contra ETA. Aunque muchos jueces e instancias te llevan a ese terreno y todavía siguen diciendo que hay una estrategia del Colectivo, cada vez va perdiendo mayor consistencia y, por contra, cobra mayor fuerza la denuncia de vulneración de derechos fundamentales que venimos haciendo desde hace años.

Ahora, además, tenemos una pandemia. No se puede permitir que cientos familiares estén haciendo viajes tan largos poniendo en riesgo su salud, la de toda la población española, la de los funcionarios de prisiones.... No es lo mismo que un familiar haga la visita en su misma comunidad autónoma o que tenga que recorrer toda la Península. Esto debe acabarse, insisto, no solo con los presos políticos sino también con los presos sociales que están alejados de su entorno social. Madrid debe tomar decisiones urgentes con respecto al alejamiento por una cuestión de salud pública y de derechos humanos.

A principios de verano, se activó la dinámica Kilómetro 0...

O.O: Es que no hay ningún impedimento jurídico, técnico ni en términos de capacidad para que los presos políticos vascos estén en Euskal Herria. En estas últimas semanas hemos tenido, afortunadamente, varios casos de concesión del tercer grado con destino en el CIS de Martutene sin ningún tipo de problema ni de incidencia.

U.E: En 1989, el mismo partido que ahora está en el Gobierno en cuestión de tres meses dispersó y alejó a más de 700 presos por toda la geografía española incluidas las islas, Ceuta y Melilla. No creo que tenga ningún problema en mover a 200 presos en un mes o en dos como mucho. Esto es de máxima urgencia se mire por donde se mire. En cualquier momento nos quedamos otra vez sin visitas aunque estén en Soria.

Este domingo los familiares vuelven a las playas, un año más. ¿Con qué ánimo lo harán?

U.E: Desgraciadamente, volvemos a las playas con el mismo lema de los últimos años. Hacemos un llamamiento a la sociedad vasca a que se una a estas marchas porque la presión social influye en los gobiernos. Pedimos que se cumplan todas las leyes y recomendaciones europeas para acabar con parte del sufrimiento que sigue existiendo nueve años después de la desaparición de ETA. Sin esto no podemos alcanzar una paz completa y una convivencia plena.