Tal y como ha informado este martes el secretario de Estado de Salud en el Trabajo, Laurent Pietraszewski, el Gobierno francés ha decidido sistematizar la mascarilla en los espacios cerrados colectivos dado el riesgo de contagio por aerosol (partículas que quedan suspendidas en el aire).

Según concreto en al término de una videoconferencia presidida por la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, en la que participaron organizaciones sindicales y patronales, eso incluye, entre otros aspectos, las oficinas compartidas (aunque se hayan instalado placas de plexiglás de separación), las salas de reunión o los pasillos, señaló.

En los próximos días se actualizarán los protocolos laborales de seguridad sanitaria que se habían publicado inicialmente el 3 de mayo, antes del comienzo de la desescalada, para que las nuevas reglas se apliquen desde el 1 de setiembre.

El teletrabajo seguirá siendo «una práctica recomendada» para, entre otras cosas, intentar evitar el uso masivo del transporte público en las grandes ciudades cuando el mes próximo comience el curso escolar.

El secretario de Estado ha hecho hincapié en que el uso de mascarilla no eximirá de la obligación de aplicar otras reglas básicas de seguridad sanitaria, en especial el distanciamiento interpersonal, lavarse regularmente las manos, limpiar el mobiliario y el material o airear las áreas de trabajo.

Desde el fin del confinamiento entre el 20 % y el 25 % de los focos de coronavirus identificados en el Estado francés han aparecido en las empresas: de los 268 que siguen abiertos, 60 están en un entorno profesional.

Las empresas pagarán las mascarillas

El Departamento de Trabajo se ha mostrado claro sobre quién correrá con el costo financiero de las mascarillas que se deban utilizar durante la jornada laboral: «Desde el momento en que son obligatorias, las empresas deben proporcionarlas».

Por ahora no se contemplan ayudas públicas para financiar ese gasto suplementario y según han señalado se descarta que estas obligaciones provoquen escasez de mascarillas, «dado que el mercado -a diferencia de lo que ocurría durante e inmediatamente después del confinamiento- está bien aprovisionado y los precios van a la baja».

Los inspectores de trabajo serán los encargados de controlar el nuevo protocolo y, siguiendo los procedimientos habituales, sin dispositivos excepcionales, en caso de incumplimiento serán quienes lleven sus constataciones a los tribunales.

Las direcciones de las compañías estarán habilitadas para imponer sanciones disciplinarias a aquellos trabajadores que se nieguen a ponerse la mascarilla.

De acuerdo con las estadísticas actualizadas este lunes, en el Estado francés hay 4.925 personas hospitalizadas por covid-19, frente al pico de casi 32.300 ingresadas a mediados de abril.