Osakidetza recurre a los Juzgados de Bilbo una media de 30 veces semanales ante la negativa de ciudadanos a hacerse las pruebas PCR para determinar si son positivos en coronavirus o a confinarse voluntariamente cuando así lo requiere el Servicio Vasco de Salud, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La autorización de los tribunales es necesaria a la hora de poder obligar a realizarse las pruebas de la covid o a someter a vigilancia domiciliaria para garantizar el aislamiento de personas, ya que suponen afecciones a los derechos fundamentales.

Por ello, Osakidetza realiza una media de una treintena de solicitudes a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de la capital vizcaína ante el rechazo de ciudadanos a los requerimientos para hacerse PCR o a confinarse de forma voluntaria para evitar la propagación del covid-19.

Las mismas fuentes han apuntado que, en la mayoría de los casos, se concede la autorización judicial para poder obligar a someterse a las pruebas o a confinarse para preservar la salud pública en época de pandemia.

También se incrementa en estos órganos judiciales el número de recursos que se interponen por las multas impuestas a quienes no llevan mascarilla y se oponen a ponérsela cuando las Policías Locales o la Ertzaintza se lo exigen.