El Consejo de Gobierno se ha mostrado en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley de EH Bildu para la creación de una Oficina contra la Corrupción. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, no lo ve necesario porque «el conjunto de las administraciones vascas cuentan ya con instrumentos internos de fiscalización y control económico y presupuestario, de modo que se evita una duplicidad».

A esto se añade la labor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y el del Estado, del Ararteko y del Defensor del Pueblo. La Administración cuenta también con «el Código Etico y de Conducta de los cargos públicos del sector público vasco, así como la Comisión de Ética Pública y la Comisión vasca de acceso a la información pública, sin olvidar los órganos judiciales vascos y el Ministerio fiscal de Euskadi».

Según el Gobierno, «la iniciativa no tiene en cuenta el complejo entramado institucional vinculado al control de la corrupción y las posibles redundancias que puede ocasionar la oficina anticorrupción planteada con los órganos ya habilitados».

Es decir, el Ejecutivo de PNV-PSE entiende que la creación de la Oficina contra la Corrupción es innecesaria por redundante. Pero entre los motivos ofrecidos por su portavoz, Bingen Zupiria, se encuentra que el Gobierno tiene previsto «incluir en el calendario legislativo una ley de transparencia que no fue posible aprobar en la legislatura pasada».

Ahora tampoco la garantía de saber euskara

El Consejo de Gobierno también se ha pronunciado en contra de que se debata la proposición de Ley de EH Bildu para garantizar el derecho a saber euskara, alegando también que desde el Ejecutivo ya se impulsa diversos planes y proyectos con ese mismo objetivo.

El Ejecutivo recuerda, de forma un tanto contradictoria, que «en octubre de 2018, el mismo grupo parlamentario registró una Proposición de Ley muy similar a la actual. En aquella ocasión, el Gobierno manifestó su criterio favorable -con consideraciones- y la iniciativa ha tenido su recorrido en el Parlamento Vasco». Asegura que «algunas de las cuestiones debatidas durante su trámite han sido incorporadas en la acción del Gobierno». Pero asegura que «sin embargo, no ha existido acuerdo para un texto definitivo en el seno del Parlamento Vasco». 

En el caso de la transparencia, que la ley propuesta por el Gobierno no se aprobara en la pasada legislatura lleva a insistir. Sin embargo, en este caso, cuando la proposición de ley de EH Bildu no pudo ni llegar al final del debate porque el lehendakari, Iñigo Urkullu, disolvió el Parlamento cuando se encontraba en trámite de ponencia, es una tacha en contra del proyecto.